Por Jorge Fábrega
En un contexto donde la seguridad ocupa un lugar preeminente en la agenda legislativa, resulta imperativo evaluar el impacto real de estas medidas y explorar la mejor manera de hacerlo. En este sentido, me permito compartir algunos hallazgos de una investigación realizada junto con Gabriel Moraga, Ana María Morales y Sebastián Salineros. El estudio, publicado el año pasado en el Journal of Quantitative Criminology, analiza el impacto que la ley 20.603, que establece un régimen de penas alternativas a la prisión, ha tenido sobre la tasa de reincidencia.
La ley 20.603 surgió como respuesta a la crisis carcelaria, que quedó expuesta tras un trágico incendio en la cárcel de San Miguel, que dejó un saldo de 81 presos muertos. Esta situación evidenció una realidad de alto hacinamiento en los recintos penitenciarios.
La nueva ley, por tanto, buscaba expandir el abanico de sanciones, incorporando opciones como arresto domiciliario con control telemático, servicios a la comunidad, remisión condicional, entre otras. La esperanza era reducir el hacinamiento en las cárceles, mejorar la vigilancia, disminuir la tendencia a delinquir de delincuentes primerizos y, por ende, reducir los niveles de reincidencia.
Nuestra investigación se centró en aquellas penas que no implicaban cárcel, permitiéndonos dividir la población penal en dos grupos: aquellos condenados en cárceles (grupo de control) y aquellos fuera de ellas, antes y después de la implementación de la ley. Con este enfoque, se desarrollaron diversos diseños cuasi-experimentales y se utilizó una amplia base de datos que contenía todas las condenas entre 2009 y 2016.
Sorprendentemente, encontramos que la reforma no disminuyó la reincidencia como se esperaba. En cambio, se observó un aumento en 2015 (año en que se implementó la reforma), aunque este incremento se desvaneció posteriormente (ver figura 1). Este aumento temporal podría explicarse por la transferencia de perfiles más propensos al delito que antes eran encarcelados y que, con la ley, accedieron a penas fuera de la prisión.
¿Esto implica que la ley fracasó? No necesariamente. El análisis no consideró otros aspectos de la ley, como el desarrollo de capacidades de vigilancia y cambios en la implementación de programas de reinserción social. Además, las penas en libertad requieren menos recursos fiscales, por lo que, al mantener la reincidencia estable, la ley permitió un resultado más costo-efectivo.
Sin embargo, debemos reflexionar sobre las expectativas que depositamos en el impacto de las reformas legislativas sobre políticas públicas. En el trabajo cualitativo que acompañó a nuestro estudio, pudimos constatar que la realidad diaria de las personas en contacto constante con el delito sólo puede abordarse con éxito con transformaciones integrales de sus entornos y modos de vida. Un enfoque que sólo se ocupe de incentivos individuales puede quedarse corto en términos de relevancia.
Fuente: Moraga, G; Morales, A.M.; Fábrega, J y S. Salinero (2022): Impact of the Reform to Non‑custodial Sanctions in Chile. Journal of Quantitative Criminology. https://doi.org/10.1007/s10940-022-09552-x
