Por Jorge Fantuzzi.
El año 2007 monseñor Alejandro Goic, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, planteó que “…el sueldo mínimo debiera ser transformado en un sueldo ético”. A partir de ese llamado y la reflexión que se generó, el entonces candidato Sebastián Piñera, solicitó a sus equipos programáticos que diseñaran una política pública que pudiera sacar a los chilenos de la pobreza extrema, sin desincentivar el empleo formal. Lo llamó Ingreso Ético Familiar (IEF). Este mandato se traspasó al equipo del Ministerio de Desarrollo Social una vez que Piñera alcanzó la presidencia.
El equipo a cargo tuvo entre los antecedentes más relevantes para su trabajo el programa de Subsidio al Empleo Joven (SEJ), instaurado por la presidenta Bachelet en el gobierno anterior, basándose en el trabajo y recomendaciones de un consejo asesor presidencial liderado por Patricio Meller. El subsidio era entregado a los jóvenes que cumplían con un requisito de vulnerabilidad y un requisito de edad, y además tenían empleo formal en un rango de sueldo determinado. El beneficio complementaba el ingreso del trabajo y se iba reduciendo paulatinamente mientras el sueldo aumentaba, para que siempre existiera el incentivo a obtener un mejor sueldo.
El objetivo entonces era ampliar el SEJ para llegar a todas las familias que lo necesitaran. El presupuesto no lo hizo posible. A cambio, se creó como parte del IEF, el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), que seguía una lógica parecida al SEJ. Es decir, ya había dos grupos de la población, cuyos integrantes más vulnerables -no todos- contaban con un subsidio al empleo.
Ya transcurridos muchos años de estos subsidios (el SEJ y el BTM), creo que esta historia hoy se hace relevante nuevamente. Por muchas razones técnicas (como el momento en que se paga el beneficio, la división del subsidio con el empleador, las trabas para cobrarlo y para saber que se es elegible, entre otras), creo que es hora de (i) unificar los subsidios; (ii) expandir a la totalidad de las personas con sueldo bajo en Chile (de todos los grupos y sin límite de vulnerabilidad); (iii) simplificar la forma de pago; y (iv) aumentar los montos para que realmente afecte el mercado laboral. En otras palabras, hacer que esta política realmente cambie las decisiones laborales y tenga la capacidad de sacar de la pobreza a muchos chilenos.
Hay al menos cuatro beneficios que tendría para un próximo gobierno implementar esto.
En primer lugar, se trata de una política pro empleo (formal), que es útil frente a la emergencia laboral que nos encontramos desde la pandemia. La lógica económica es simple; si se subsidia el empleo formal, más gente quiere tener empleo formal. Por otro lado, los empleadores saben que al contratar las personas reciben el subsidio y en consecuencia también se hace más barato contratar (el beneficio se reparte, dependiendo de las elasticidades relativas, igual como se reparten los costos en el caso de un impuesto). El resultado esperado es más empleo formal y mejor pagado que el actual.
Un beneficio adicional respecto de este punto -pero de más largo plazo- es que además ayudaría a que el ahorro individual para las pensiones sea mayor.
En segundo lugar, se trata de una política pública pro crecimiento. Como se dijo, el subsidio haría más barata la contratación, por lo que las empresas se verían beneficiadas. También aumentarían los ingresos de las familias y, en consecuencia, el consumo y el ahorro. Todo mueve la economía en la dirección deseada.
En tercer lugar, es evidentemente una política de superación de la pobreza que parece necesaria después de tantos años de crisis. Lo interesante es que, como política social, hace menos necesarias otras políticas sociales. Con el subsidio se recibirían, a través del trabajo, ingresos que van más allá de la valoración al capital humano (o productividad) de cada persona en el mercado laboral. Mientras mayores los ingresos, menos necesaria es la política social.
Finalmente, también se avanza en la dirección de modernizar el Estado, a través de un pago más eficiente, y del cierre de subsidios diferentes que se tienen que administrar.
El problema, igual que en Piñera 1, será el costo. Hay que evaluar muy bien hasta dónde se puede llegar con el subsidio para compatibilizar con las arcas fiscales, porque el beneficio sería mucho mayor a varias de las políticas públicas que se han implementado en los últimos años.
