Por Víctor Dumas.
La última vez que el gobierno federal de Estados Unidos cerró un periodo fiscal con un superávit, Nelson Bonifacio Acosta dirigía a nuestra selección nacional de fútbol (2001). Este año fiscal (2024), el déficit fiscal del gobierno federal fue de 6.4% del PIB, y la deuda nacional se incrementó en cerca de 2 trillones de dólares y hoy equivale a más de 120% del PIB. En el 2017, y durante el primer periodo presidencial de Trump, el Congreso de Estados Unidos aprobó una reforma tributaria que redujo significativamente la carga tributaria y las tasas marginales para los impuestos personales en los tramos de más altos ingresos. La Oficina de Presupuestos del Congreso de Estado Unidos ha estimado que, desde el 2017 a la fecha, dicha reforma ha tenido un costo fiscal acumulado equivalente a 1.8 trillones de USD. En otras palabras, hace tiempo que el gobierno federal en Estados Unidos gasta lo que no tiene. Peor aún, no me cabe duda alguna que al interior de un presupuesto de 6.8 trillones de dólares (20 veces el PIB de Chile) existe grasa, duplicidades e ineficiencias.
Sin embargo, en política pública, no siempre resulta fácil determinar la eficacia, ni tampoco la eficiencia de programas presupuestarios o agencias gubernamentales. La contabilidad es más compleja y determinar causalidad es mucho más difícil que en un fábrica o proceso industrial. Adicionalmente, la economía política asociada a la discusión presupuestaria habitualmente impide la eliminación de dicha grasa y duplicidades incluso cuando éstas son claramente identificables. Ronald Reagan una vez dijo que lo más parecido a la vida eterna en este mundo terrenal es: “un programa presupuestario gubernamental”.
¿Qué se puede esperar entonces de la Comisión Presidencial para la Eficiencia Gubernamental que Trump anunció y que puso a cargo de Elon Musk y Vivek Ramaswani? Por lo pronto, no se conocen muchos detalles respecto del alcance de esta comisión o de cómo cumplirá su objetivo de eliminar 2 trillones de dólares en gasto federal. Muchas ideas bastante absurdas se han lanzado al boleo, por ejemplo, eliminar el departamento o ministerio de Educación, o despedir a todos los funcionarios públicos cuyo número de seguro social (una especie de RUT) termine en tal o cual dígito. Un poco más responsablemente, Elon Musk ha señalado la necesidad de “revisar con lupa” el presupuesto de defensa pues está plagado de duplicaciones, idea que contó con todo el apoyo de Bernie Sanders (Senador ultra progresista y ex candidato presidencial del partido demócrata). Musk además ha mencionado la idea de primero eliminar “excesiva” regulación del sector privado, lo que resultaría en agencias federales innecesarias que podrían ser eliminadas y servidores públicos redundantes que debiesen ser despedidos.
Es todavía muy pronto para sacar la bola de cristal y empezar a hacer pronósticos sobre lo que esta Comisión propondrá y será capaz de implementar. Algunos, con justa opinión y respetable evidencia argumentaran señalando que este es el guion de una película que ya hemos visto muchas veces en el pasado y que siempre acaba en nada. Sin embargo, hay algo singular y distintivo en esta versión y que no ha existido en versiones anteriores: Elon Musk y el inmenso poder (influencia) que sólo su nombre acarrea. Mi impresión es que estamos en la antesala de una tormenta perfecta: un país que más pronto que tarde requiere ajustarse el cinturón, un presidente convencido que tiene un mandato claro, un magnate empoderado y con la billetera para disciplinar a cualquier díscolo que se le cruce por delante, una retórica anti-gubernamental que ahora cuenta con canales de difusión significativamente más potentes que en el pasado y que además son controlados por personalidades ideológicamente alineados con dicha agenda (X o Twitter, Washington Post, Meta o FB).
Tengo la íntima convicción que esta comisión propondrá un paquete de medidas cuyo contenido será de alto nivel mediático y utilizará la caricaturización de programas presupuestarios absurdos para movilizar el imaginario popular. Adicionalmente, y dentro de este paquete de medidas razonables, existirán medidas francamente perniciosas, que probablemente apuntarán a beneficiar a industrias e intereses específicos. Esta suerte de “Caballo de Troya” cargado de sentido común y con la apariencia de un gran regalo, traerá consigo el cáncer de la desregularización disfrazada o reemplazada por la autorregulación ejercida por intereses privados que no siempre están alineados con el bien común. Este proceso de desregularización y marginalización del sector público en áreas donde el resguardo del bien común es fundamental, conllevará un altísimo costo económico y social no sólo en Estados Unidos sino para la economía global y, en especial, para países en desarrollo como el nuestro.
Si bien la expresión “Cuando Estados Unidos estornuda, a los mercados emergentes les da neumonía” ya no significa lo mismo que durante los 80s y 90s, lo cierto es que el desempeño de la economía todavía afecta significa mente la economía global y en particular a países pequeños y abiertos como Chile. Las lecciones y consecuencias que dejó la crisis financiera global del 2007 debiesen, a lo menos, hacernos sentir nervios y ansiedad respecto a esfuerzos por reducir el rol gubernamental a su más mínima expresión.
