Por Pablo Ilabaca, FK Economics*
En los últimos años, el mercado de apuestas online en Chile ha crecido con una rapidez inédita, desarrollándose en un escenario marcado por la ausencia de regulación específica. Hacia fines de 2023 la Superintendencia de Casinos y Juegos estimaba que más de 900 de estas plataformas operaban sin autorización, sin pagar impuestos y sin cumplir con mecanismos de supervisión que resguardaran la transparencia, protección al usuario y bloqueo efectivo del acceso de menores de edad.
Ante este panorama, el Gobierno ingresó en marzo de 2022 el proyecto de ley “que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea en Chile” (boletín N° 14.838-03), cuyo propósito es establecer un marco regulatorio formal para estas plataformas. La iniciativa ha avanzado de manera sostenida, siendo aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023, y entre 2024 y 2025 recibió respaldo en las comisiones de Economía y Hacienda del Senado.
La propuesta legislativa busca crear un mercado regulado, competitivo y fiscalizado mediante la obligatoriedad de obtener licencias, la supervisión de la ahora Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, y la implementación de controles de identidad y criterios estrictos de publicidad orientados al juego responsable.
Uno de los principales factores que ha empujado esta agenda es la pérdida en la recaudación tributaria derivada de la informalidad. Al operar fuera de regulación, estas plataformas no pagan impuestos específicos, IVA ni tributos a las utilidades, lo que implica que el fisco deja de percibir miles de millones de pesos cada año. Se ha señalado, además, que esta ventaja para las plataformas de apuestas implicaría competencia desleal frente a casinos, loterías y otros juegos que sí cumplen con las exigencias legales.
Las proyecciones de ingresos fiscales han aumentado con el tiempo. En 2023, el SII estimó que la recaudación podría alcanzar unos 5.000 millones de pesos; en agosto de 2025, el proyecto de ley ajustó la cifra hacia los 84.000 millones al año, combinando tanto los nuevos impuestos específicos aplicados a las plataformas como la formalización del mercado, que permitiría incorporarlo plenamente al sistema tributario. Su efectividad, sin embargo, dependerá de la capacidad estatal para fiscalizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
Aunque la regulación constituye un avance indispensable para manejar un mercado que hasta hoy opera sin supervisión, también responde a un problema más profundo: cuando un país opta por la prohibición o mantiene un marco legal ambiguo, el juego no desaparece, sino que migra hacia entornos clandestinos u offshore, donde aumentan los riesgos de fraude, lavado de dinero y desprotección absoluta del jugador.
Esta deriva hacia la informalidad ha ampliado la vulnerabilidad a la que se exponen los usuarios y ha limitado la capacidad del Estado para intervenir oportunamente.
Es dentro de este contexto que deben entenderse los costos sociales asociados a la expansión del juego online. Diversos estudios internacionales –como el elaborado por PwC Strategy Brasil– muestran que las apuestas tienden a concentrarse en sectores de menores ingresos, por lo que en la práctica funcionan como un impuesto regresivo. Quienes tienen menos terminan aportando proporcionalmente más a través de pérdidas sucesivas, desviando recursos desde necesidades básicas como alimentación, ocio, cultura o bienes esenciales. Esto genera efectos negativos tanto sociales como económicos, incluyendo una disminución del consumo fundamental y el sobreendeudamiento en los hogares más vulnerables.
La dinámica que se observa en estos grupos no es simplemente la suma de decisiones individuales, sino un recorrido que se estrecha paso a paso. Todo comienza con la fragilidad económica, ya que la escasez de ingresos convierte la promesa de un retorno rápido –aunque improbable– en una alternativa desproporcionadamente atractiva. Esa vulnerabilidad abre la puerta a la primera apuesta, que luego empieza a ocupar una fracción creciente del presupuesto disponible. Cuando las pérdidas se acumulan, aparecen el endeudamiento, la urgencia por recuperarse y la repetición del ciclo.
La Figura 1 ilustra este proceso, mostrando cómo, casi sin que el jugador lo perciba, el juego opera como un impuesto regresivo que recae con mayor fuerza sobre quienes menos tienen.
La regulación de las apuestas online busca ordenar un mercado que ya existe y que, en ausencia de reglas, ha generado pérdidas fiscales, riesgos para los usuarios y efectos regresivos en los hogares más vulnerables.
Sin una correcta regulación y una posible prohibición, el juego no desaparece, simplemente se desplaza a lo clandestino, donde aumentan el fraude, la desprotección y el endeudamiento.
El desafío, entonces, no es solo recaudar o controlar, sino evitar que la fragilidad económica de algunos se transforme en la base de un mercado rentable para otros. Regular es un paso necesario, pero también una invitación a reflexionar sobre cómo construir políticas que protejan a quienes tienen menos y que no profundicen desigualdades ya existentes.
Referencias
- Ministerio de Hacienda. (2023, 13 diciembre). Sala de la Cámara aprobó el proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea.
- Ministerio de Hacienda. (2025, noviembre). Senado aprobó en general el proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas online.
- Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. (2022, 7 de marzo). Proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea (Boletín N° 14838-03).
- EMOL. (2023, 27 septiembre). Apuestas en línea: claves del debate sobre su regulación en Chile.
- Agência Brasil. (2024, 17 agosto). Apuestas deportivas afectan economía doméstica de las clases D y E. EBC.
