Por Raúl Mejía*
¿Cómo modificó la introducción de la reelección consecutiva en las elecciones locales de México los incentivos del crimen organizado para coludirse con las autoridades locales?
A partir de 2014, diversas legislaturas estatales en México incorporaron la figura de la reelección consecutiva de alcaldes. Anteriormente, y durante más de ochenta años, los alcaldes se encontraban limitados a un solo período consecutivo en el cargo. La reforma buscaba alinear mejor los incentivos de los alcaldes con los de los votantes. Los votantes premiarían el buen desempeño y sancionarían la mala gestión a través del voto. Además, la reelección permitiría a los gobiernos locales incrementar su horizonte temporal y acumular conocimiento y capacidades para desempeñar mejor sus tareas.
La literatura tradicional señala que la reelección permite a los votantes exigir rendición de cuentas a los funcionarios electos. Los incumbentes, al depender del voto popular, buscarán atribuirse logros, realizar campañas e impulsar inversiones que mejoren la infraestructura local. En contextos de alta transparencia y supervisión, la reelección refuerza estos incentivos y resulta en mejores niveles de gobernanza y rendición de cuentas reforzando el vínculo entre el desempeño y los resultados electorales.
En su artículo, “Defending the Status Quo? How Re-election Shapes Criminal Collusion in Mexico” Adee Weller, politóloga de la Universidad de Emory aprovecha la implementación escalonada de la reelección en elecciones locales en México para analizar este fenómeno mediante un modelo econométrico y responder si (i) la reelección, en municipios con alta criminalidad generó un mayor nivel de violencia en contra de candidatos opositores y (ii) si la reelección profundizó la relación entre grupos criminales y funcionarios electos, reduciendo la rendición de cuentas e incrementando la corrupción. Esta estrategia permite aislar el efecto causal de la reelección en diferentes contextos de actividad criminal.
Los resultados de su estimación muestran que, en los lugares en los que los grupos criminales ya se encontraban afianzados, la introducción de la reelección consecutiva resulto en un incremento desproporcionado de los ataques violentos en contra de candidatos opositores. De igual manera, los municipios con presencia de grupos criminales afianzados no sólo eran más tendientes a recibir auditorías por corrupción, sino también a mostrar evidencia de malversación de recursos públicos. La proporción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (el cual representa la mayor parte del presupuesto municipal) que estaba correctamente asignada bajó más de 75% en estos municipios.
La posibilidad de reelección modifica los incentivos de los políticos, votantes y grupos de interés. Normalmente, los incumbentes dependen del apoyo popular para ganar elecciones, por lo que suelen atribuirse logros, realizar campañas e impulsar inversiones en infraestructura local. Ante la existencia de supervisión y transparencia, la reelección suele generar resultar en una mejor gobernanza y mayores niveles de rendición de cuentas.
Sin embargo, cuando existen grupos criminales poderosos en la localidad, se altera esta relación. Los incumbentes, que en condiciones normales buscarían el apoyo de los votantes para mantenerse en el cargo, suelen buscar, en cambio, el apoyo de los grupos criminales. El apoyo de estos grupos se traduce en violencia, amenazas, intimidación de votantes o fraude electoral.
La reelección amplía el horizonte temporal de estos intercambios y refuerza los mecanismos que permiten acuerdos entre autoridades y grupos criminales. Los grupos criminales, al igual que los votantes, observan el comportamiento de los alcaldes y, a partir de éste, evalúan si pueden colaborar con ellos. Un alcalde más tolerante a la actividad criminal puede ser percibido como un aliado. A su vez, un alcalde que se reelige puede ofrecer protección más duradera o favores políticos durante un periodo de tiempo más prolongado. Incluso alcaldes que, en un principio, resisten dicha presión, pueden colaborar más tarde a cambio de protección, o por presión de los mismos grupos.
El estudio muestra que reformas institucionales bien intencionadas pueden tener consecuencias indeseables. En este caso particular, en contextos de alta criminalidad, una reforma pensada para lograr una mayor rendición de cuentas, pero sin la presencia de salvaguardas adecuadas, resultó en la adaptación de los grupos criminales a nuevas reglas y nuevas maneras de enriquecerse, lo que resultó en una mayor violencia. Este caso muestra que las políticas públicas no deben diseñarse únicamente a partir de principios generales o replicar soluciones que funcionaron en otros países, sino que deben diseñarse tomando en cuenta las realidades locales.
- Weller, Adee. 2025. “Defending the Status Quo? How Re-election Shapes Criminal Collusion in Mexico.” British Journal of Political Science 55: e144, 1–11. https://doi.org/10.1017/S0007123425100896.
