Por Rodrigo Díaz
Las apuestas y su problemática han vuelto al debate público tras múltiples polémicas: el impulso del proyecto de ley por parte del Ministerio de Hacienda para regular las casas de apuestas online, la expansión de plataformas digitales dedicadas a este propósito, e incluso la mención al problema de la adicción al juego en un debate presidencial, entre otros. De tal magnitud es la problemática, que la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado advirtiendo sobre el riesgo que esta adicción implica para la salud mundial, buscando así alentar a los países a tomar acción [1].
En consecuencia, cabe preguntarnos ¿Cuáles son los efectos económicos que experimenta la persona y, en su agregado, la sociedad?
La evidencia reciente muestra que la ludopatía se asocia con costos significativos y persistentes, tanto para las personas como para la sociedad, los cuales van más allá de las pérdidas monetarias inmediatas.
Estudios longitudinales indican que las personas con trastorno por el juego presentan casi el doble de riesgo de discapacidad laboral prolongada, entendida como las licencias médicas extensas o salidas parciales y permanentes del mercado del trabajo. En términos agregados, cerca de la mitad de los individuos diagnosticados experimenta episodios de incapacidad laboral prolongada, frente a alrededor de un 16% en grupos comparables, lo que implica pérdidas sostenidas de ingresos laborales que comienzan incluso antes del diagnóstico clínico y persisten durante varios años [2]. Es decir, esto supone una reducción efectiva de la oferta laboral individual y un deterioro del capital humano a lo largo del ciclo de vida.
A este deterioro del vínculo con el mercado laboral se suma una mayor fragilidad económica general. En efecto, las personas con ludopatía presentan mayor prevalencia de trastornos de salud mental, junto con una mayor dependencia de subsidios por enfermedad y asistencia social —lo que, a su vez, se traduce en un mayor gasto fiscal—, configurando trayectorias de menor autonomía financiera, especialmente en el caso de las mujeres [3]. En el plano financiero, la evidencia muestra que la exposición a publicidad de apuestas online se asocia con un empeoramiento significativo de la solvencia individual, elevando en aproximadamente un 57% la probabilidad de enfrentar procesos de cobranza judicial de deudas, particularmente entre jugadores digitales [4]. Más aún, estudios que identifican efectos causales promedio sobre la salud financiera de los consumidores indican que la habilitación de apuestas en línea se asocia con una caída de hasta 12 puntos en el puntaje crediticio, aumentos cercanos a 1,8% en la probabilidad de registrar deudas en cobranza, incrementos de hasta 25% en la morosidad de créditos de consumo durables y un aumento significativo en quiebras personales. Estos efectos son sustancialmente mayores cuando el acceso se produce a través de plataformas digitales, evidenciando un deterioro directo y atribuible de la solvencia financiera individual asociado al juego online [5].
Desde una perspectiva macroeconómica, estos efectos individuales no se diluyen, sino que se acumulan y amplifican a nivel agregado, generando pérdidas relevantes de bienestar social.
En el caso australiano, informes oficiales concluyen que los costos sociales del juego pueden superar ampliamente los beneficios económicos, incluso considerando la recaudación y el empleo asociados al sector, identificándose además la reducción de la oferta laboral efectiva como un canal relevante mediante el cual el juego puede afectar el desempeño económico agregado [6,7]. De manera similar, estimaciones para Inglaterra sitúan el costo económico anual del juego dañino entre £1,05 y £1,77 mil millones, de los que £412,9 millones corresponden al exceso de costos financieros directos para el gobierno, magnitud que supera los beneficios económicos observables del sector y genera una pérdida neta de bienestar social [8].
Un elemento adicional relevante es la forma en que estos costos se agregan y se distribuyen en la economía. La evidencia muestra que, aun cuando la prevalencia del juego problemático es relativamente acotada, sus efectos se concentran en componentes centrales del bienestar social —productividad, gasto público y cohesión social—, amplificando su impacto agregado. En este sentido, los beneficios económicos del juego, visibles en ingresos fiscales y actividad sectorial, resultan insuficientes para compensar costos sociales persistentes, generando una pérdida neta de eficiencia y bienestar social [7,9].
En Chile, la regulación del juego ha estado históricamente circunscrita a un conjunto acotado de actividades presenciales, bajo la supervisión de la Superintendencia de Casinos de Juego, organismo encargado de fiscalizar casinos autorizados y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Este marco legal, sin embargo, no fue diseñado para abordar el desarrollo de plataformas digitales de apuestas, lo que ha permitido que el juego online opere durante años en un espacio de ambigüedad normativa, sin licencias formales, sin tributación específica y sin obligaciones explícitas en materia de prevención del juego problemático.
Frente a este escenario, el Ejecutivo ingresó en 2022 el proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea (Boletín N° 14.838-03), impulsado por el Ministerio de Hacienda, actualmente en tramitación legislativa. La iniciativa busca someter esta actividad a un régimen de autorización estatal, establecer reglas tributarias claras y fijar estándares mínimos de protección al consumidor y de juego responsable. La discusión actual, por tanto, no se limita a la legalidad de una actividad ya existente, sino que enfrenta el desafío de cómo integrar un mercado digital de rápido crecimiento dentro de un marco regulatorio coherente.
En este contexto, la evidencia económica revisada resulta particularmente relevante. La experiencia internacional muestra que el juego problemático no es un fenómeno neutral desde el punto de vista del bienestar social. Así, el desafío para Chile no es únicamente ordenar jurídicamente un mercado ni capturar ingresos fiscales, sino diseñar una regulación capaz de internalizar costos sociales que hoy permanecen externalizados. Postergar esta discusión no es una decisión inocua: implica aceptar que dichos costos continúen acumulándose y, en última instancia, sean absorbidos por el Estado y por la sociedad en su conjunto.
Referencias
[1] Organización Mundial de la Salud. Gambling. 2024.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gambling
[2] Månsson V, Pettersson E, Mittendorfer-Rutz E, Guterstam J, Berman AH, Jayaram-Lindström N, Molero Y. The risk and development of work disability among individuals with gambling disorder: a longitudinal case–cohort study in Sweden. Psychological Medicine. 2024;54:1391–1402.
https://doi.org/10.1017/S0033291723003288
[3] Larsson L, Håkansson A. Mental illness and socio-economic situation of women and men diagnosed with gambling disorder (GD) in Sweden: A nationwide case-control study. PLOS ONE. 2022;17(10):e0274064.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274064
[4] Savolainen L, Roukka T, Oksanen A. The impact of gambling advertising online: A longitudinal study on exposure and harm. International Gambling Studies. 2025;25(3):495–512.
https://doi.org/10.1080/14459795.2025.2548220
[5] Hollenbeck B, Larsen P, Proserpio D. The financial consequences of legalized sports gambling. Working paper. UCLA Anderson School of Management; Harvard Business School; University of Southern California Marshall School of Business. 2025.
[6] Productivity Commission. Gambling. Inquiry Report No. 50, Vol. 2. Australian Government; 2010.
[7] Williams RJ, Rehm J, Stevens RMG. The social and economic impacts of gambling. Final report prepared for the Canadian Consortium for Gambling Research; 2011.
[8] Office for Health Improvement and Disparities. Gambling-related harms: Evidence review—Summary. UK Government; 2023.
https://www.gov.uk/government/publications/gambling-related-harms-evidence-review/gambling-related-harms-evidence-review-summary–2
[9] Wardle H, Reith G, Best D, McDaid D, Platt S. Measuring gambling-related harms: A framework for action. Gambling Commission; 2018.
