Existe un amplio consenso de la existencia de una alta centralización administrativa, política y económica en Chile. En efecto, además de ser el principal centro político del país, la R.M. concentra cerca de un 40% de la población de Chile, es la región con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH)[1] y su actividad económica representa cerca de un 42% del PIB nacional (Banco Central, 2017)[2].
En 2017, la OCDE publicó un documento denominado “Making Decentralisation Work in Chile”[3], que sugiere que la centralización del país es un freno para su desarrollo. En ese contexto, en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera se hace un compromiso para distribuir el poder “desde Santiago hacia las regiones y desde las regiones hacia los municipios”.
En concreto, las propuestas del gobierno se han orientado hacia lograr una mayor autonomía de las autoridades regionales y municipales, un rol más activo de las autoridades locales en las decisiones de inversión local e implementación de programas sociales, mayores recursos fiscales para estas zonas, existencia de franquicias tributarias a inversiones y donaciones en zonas aisladas, entre otras[4].
Existe una tendencia reciente en el mundo que busca atacar el problema de la centralización desde otra perspectiva que va más allá, sin lograr ser del todo convincentes todavía: En algunos países se han desarrollado políticas que consisten en redistribuir geográficamente al gobierno central a lo largo del Estado como un método intensivo para descentralizar el país. Schneider (2003) [5] ha descrito este fenómeno como la “desconcentración” del Estado, pues si bien la autoridad se distribuye geográficamente en el país, no pierde su autonomía como gobierno central.
En México, por ejemplo, se está desarrollando un plan que busca distribuir las sedes principales de cada uno de sus ministerios (“secretarías”), que actualmente se ubican en Ciudad de México, hacia los 31 estados mexicanos. El objetivo de la propuesta es lograr un crecimiento parejo en todos los estados, reducir la contaminación y congestión de la capital y permitir un mayor bienestar de los ciudadanos que viven en todas las localidades del país.
En Noruega[6], en una política impulsada por el gobierno, cientos de trabajadores del sector público se han trasladado desde Oslo a otras ciudades del país con el objetivo de crear nuevas oportunidades para las personas y comunidades locales y, con ello, contribuir al crecimiento y desarrollo de los distritos que se ubican fuera de la capital. Un ejemplo de lo anterior es la creación de mayores oportunidades laborales tanto en el sector público como en el privado.
En efecto, existe evidencia académica que sugiere que donde se ubican los trabajos estatales, se crean puestos de trabajo privados. En un estudio reciente realizado por Becker et al (2018)[7], se investiga el desplazamiento de trabajadores de servicio público desde Berlín a Bonn a raíz de la segunda guerra mundial[8]. Los autores encuentran que este fenómeno ocasionó la creación de numerosos puestos de trabajo en el sector privado, aunque de forma más acotada que en el sector público.
Las políticas implementadas por México y Noruega parecen inéditas, pero existen diversos países que han utilizado estrategias que involucran, en la práctica, un movimiento geográfico de la autoridad central. En Brasil se hizo algo similar al crear a Brasilia como su nueva capital en 1960, Pakistán cambió su capital a Islamabad en 1966, Myanmar lo hizo con la ciudad de Naipyidó en 2005 y Australia con Canberra en 1908. Y sin ir más lejos, en Chile el Congreso Nacional fue trasladado a la ciudad de Valparaíso en 1990 con el objetivo de descentralizar Chile.
Cabe entonces hacerse las preguntas realmente relevantes. ¿Se generarían en Chile beneficios concretos por el hecho de mover agencias estatales o ministerios a otras regiones?, ¿son este tipo de medidas más eficientes para impulsar el progreso de las regiones que otras alternativas (por ejemplo, un tren rápido, rebajas en los costos de transporte, franquicias tributarias, u otras)?, ¿es factible la implementación de políticas de este tipo en un país con la distribución geográfica de Chile?
Hay consenso en las virtudes que tiene la idea de descentralizar Chile, pero eso no se debe hacer a cualquier costo. Antes de proponer medidas como las de México y Noruega, cabe hacer el esfuerzo por tratar de responder a preguntas como estas y muchas más.
[1] IDH 2017. Fuente: https://globaldatalab.org/shdi/shdi/
[2] Fuente: https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=CCNN2013_PIB_REGIONAL
[3] Disponible en http://www.oecd.org/chile/making-decentralisation-work-in-chile-9789264279049-en.htm
[4] Programa de gobierno de Sebastián Piñera. Fuente: http://www.sebastianpinera.cl/images/programa-SP.pdf (pag. 157) y Propuesta de descentralización de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (2014) https://prensa.presidencia.cl/lfi-content/otras/informes-comisiones/InformeDescentralizacion.pdf.
[5] Schneider (2003), “Decentralization: Conceptualization and Measurement”. Fuente: https://pdfs.semanticscholar.org/e1ce/b1dfc9252d5d1c489c81ca047c367c8cfa9f.pdf
[6] Fuente: https://www.newsinenglish.no/2017/02/24/jobs-moving-out-of-oslo-and-norway/
[7] Becker, S., Heblich, S., Sturm, D. (2018), The impact of public employment: evidence from Bonn. Discussion Paper Series, IZA Institute of Labour Economics, Enero de 2018.
[8] El término de la segunda guerra mundial es considerado en el paper como un shock exógeno, por lo que los resultados tienen una interpretación causal.
