Autor: Lucas García Contardo.
Así como es importante saber en qué y cómo se gastan los recursos públicos, igualmente importante es saber cuáles son los resultados de gastar un peso más en una política u otra. En mi investigación me centré en el impacto del subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años, segmento particularmente vulnerable de nuestra población.
Entregado desde el año 2008 a menores de edad en situación de discapacidad mental de los hogares del 20% más vulnerable del país, nunca se había evaluado por lo que resultaba interesante entender cómo cambian las decisiones del hogar del beneficiario una vez que reciben este ingreso extra (a la fecha de la investigación era de $77.701 pesos mensuales, aproximadamente un 70,4% del ingreso laboral per cápita de estos hogares). En particular, revisé cómo cambia la probabilidad de que los beneficiarios asistan a un establecimiento educacional, entre otras decisiones.
Para responder la pregunta, idealmente se debe contar con la persona beneficiada en dos escenarios en simultáneo: uno como beneficiario y otro en que no lo sea. Esto por supuesto que es imposible, o se es receptor del beneficio o no. Los receptores (tratados) son fáciles de identificar, simplemente son quienes reciben el beneficio y quedan registrados en bases de datos administrativas del Instituto de Previsión Social. Para los no receptores que podrían constituir el grupo de control, conservé aquellas personas que también están en situación de discapacidad mental y que, según se podía ver en los datos del Registro Social de Hogares, estaban cerca de satisfacer los requisitos del subsidio, pero no lo recibían. Teniendo el grupo de tratados y controles, calculé la probabilidad de que reciban el subsidio en base a características tales como la gravedad de su discapacidad, su edad, los ingresos de su hogar, el nivel de educación de sus padres, entre otras. Una vez calculada dicha probabilidad, comparé a tratados y controles con probabilidades muy parecidas de recibir el beneficio.
Con esta comparación encontré que la probabilidad de asistencia a establecimientos educacionales varía según la profundidad de la discapacidad del beneficiario. Mientras que aquellos con discapacidad mental profunda ven disminuida su probabilidad de asistencia en 5,28 puntos porcentuales, aquellos con discapacidad menos profunda ven aumentada su probabilidad en 1,15 puntos porcentuales aproximadamente.
¿Qué explica estos resultados? Mi hipótesis es que los apoderados de aquellos con discapacidad más profunda, es decir, con más dificultades y menos autovalentes, prefieren cuidar a estos menores en su hogar debido a que con este ingreso extra trabajan menos y pueden costear el cuidado del menor fuera de un establecimiento educacional. Por otro lado, para aquellos que son más autovalentes y que presentan menores dificultades, este ingreso extra se traduce en menor estrés financiero en el hogar y mayor posibilidad de satisfacer necesidades básicas, lo que facilitaría su asistencia a establecimientos educacionales. Esto se ve, entre otras cosas, en que la proporción de los apoderados de aquellos con más dificultad, que declaran que no asiste por una enfermedad que lo inhabilita, es mayor que la de los apoderados de aquellos con menor dificultad en casi 10 puntos porcentuales.
No basta con asignar recursos a quienes lo necesitan, sino que es importante conocer con mayor detalle las necesidades propias de quienes reciben el ingreso. Como se vio en esta investigación, las decisiones de las familias pueden ir en direcciones totalmente opuestas aun cuando se trate de un subsidio dirigido a un grupo muy vulnerable y muy focalizado.
