Por Elisa Behncke – Presidente Experimental.
Ryan Cooper – Director en el Development Innovation Lab en UChicago y en Experimental.
Diana Mueses – CEO Experimental.
En 2018, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) lanzó la Iniciativa de Política Experimental con un mandato simple pero trascendental: realizar experimentos controlados y naturales para evaluar la costo-efectividad de los programas públicos. Una de las primeras evaluaciones experimentales incubadas allí fue la del programa “Mi Abogado”, un proyecto ideado y ejecutado por el Ministerio de Justicia. El diseño experimental fue impulsado por el equipo de la Iniciativa de Política Experimental (IPE), con apoyo externo de Andrés Hojman (PUC) y Joseph Doyle (MIT); un ejemplo de cómo el Estado también puede innovar con evidencia de primer nivel.
El programa Mi Abogado ofrece representación legal especializada a niños, niñas y adolescentes (NNA) que han sido expuestos a grave vulneración de derechos. Cada abogado gestiona un número reducido de casos y trabaja en dupla con un psicólogo y un trabajador social, garantizando defensa jurídica, acompañamiento psicológico, y la articulación de su reinserción social; con el objetivo de acelerar el retorno a un entorno familiar seguro y proteger los derechos de los NNA.
Comparado con el esquema de asistencia vigente, Los resultados fueron contundentes: 1) el retorno a la vida en familia se aceleró en 30%; 2) la incidencia de responsabilidad penal adolescente cayó 32%; 3) la asistencia escolar aumentó 5%; y 4) por cada dólar invertido, el Estado ahorró cuatro en cuidados alternativos y procesos judiciales. Estos hallazgos fueron aceptados recientemente para publicación en la prestigiosa revista American Economic Review, validando la relevancia de la evaluación.
A pesar de su valor para informar políticas públicas, las evaluaciones experimentales de políticas públicas siguen siendo poco comunes. La mayoría de las evaluaciones aleatorizadas se concentra en intervenciones de bajo costo (“low cost”) o en programas de ONGs. La evaluación de Mi Abogado —junto con otras evaluaciones experimentales que impulsa la DIPRES— demuestra que es viable producir investigación rigurosa y políticamente relevante en el sector público.
Esta evidencia crea una doble oportunidad. En Chile, respalda la expansión y el perfeccionamiento del programa Mi Abogado. A nivel internacional, ofrece un modelo exportable: los sistemas de protección infantil en América Latina, África y Europa pueden incorporar la combinación de defensa legal focalizada y soporte psico-social, evaluando su adaptación local con el mismo rigor.
Esperamos que en Chile y en el mundo, gobiernos y organizaciones multilaterales puedan avanzar en la generación de evidencia similar que informe políticas públicas en diversos países. Si el Estado puede probar y mejorar sus políticas utilizando el método científico, el gran desafío es democratizar esa capacidad más allá de nuestras fronteras.
