Super lunes y la vorágine estudiantil vuelve a inundar las estaciones de metro con más de 1,3 millones de ilusiones, de las cuales aproximadamente un 22% se sostienen con el Crédito con Aval del Estado (CAE). Entre los apuntes, dudas y ansiedades que llevan en sus mochilas, miles de personas cargan con la preocupación de poder financiar dicha deuda, misma cuya morosidad ha aumentado alarmantemente, pasando del 29,3% en 2017 a 53,9% en 2023.
Parte del caldo de efervescencia alrededor de este drama se ha centrado en criticar un llamado oportunismo atenido a la esperanza de una condonación de la deuda. Sin embargo, la discusión en torno a enjuiciar a un grupo inidentificable no soluciona el problema.
No se puede perder de vista que esos comportamientos se enmarcan en un diseño institucional que no ha podido anticipar ni corregir los incentivos adversos que llevan a postergar los pagos. En economía el estudio de los incentivos es central. Desde esa perspectiva, es clave analizar cómo el diseño del CAE ha dinamizado distorsiones en las decisiones financieras de estudiantes.
Con lo anterior, surgen dos vértices del problema: (1) el manejo del (no) pago de las deudas existentes y (2) el diseño de políticas públicas que pueda generar una estructura de incentivos sana para los futuros estudiantes y el país.
Estas interrogantes resaltan la urgencia de corregir el sistema actual, con múltiples razones para priorizarlo. Por una parte, está la mediatizada carga económica directa para el Estado: La activación de las garantías por cese de pago han significado desembolsar casi US$300 millones. Es crucial considerar que la garantía estatal cubre hasta un 90% del monto del crédito, lo que implica que, en caso de atraso en el pago, el Estado asume hasta ese porcentaje de la deuda.
Además, el Estado está asumiendo una parte cada vez mayor de las deudas que los estudiantes adquieren a través del CAE (lo que se conoce como recompra del porcentaje de la cartera de deuda), alcanzando cifras en torno al 60% de los créditos cursados.
Adicionalmente, existe un problema de ingresos que afecta desproporcionadamente a mujeres, quienes representan el 57% de las personas beneficiarias del CAE. El ingreso promedio de la ocupación principal de las mujeres con educación superior completa beneficiarias del CAE es alrededor de un 32% inferior al de los hombres en esa situación. Esto se acentúa si se considera que cerca del 72% de las mujeres con CAE en etapa de pago se categorizan en ingresos inferiores a $750.000, mientras que el porcentaje hombres deudores en dicho tramo es de 66%. La mayor parte de estas personas con ingresos inferiores a $750.000 egresaron de universidades privadas e institutos profesionales.
En línea con lo anterior, se ha mostrado que, en el caso de ciertas carreras e instituciones educacionales en Chile, el retorno esperado puede ser negativo: Los títulos con poca selectividad no aumentan significativamente los ingresos promedio.
Este problema se complejiza al considerar lo que significa para alguien endeudarse en cifras que no va a poder pagar. Por ejemplo, el endeudamiento impacta la salud: Estudios realizados por economistas chilenos muestran evidencia causal de que el sobreendeudamiento aumenta la depresión, con un efecto significativo, comparable a la mitad del efecto de perder a un ser querido. A su vez, la sintomatología depresiva puede afectar negativamente la empleabilidad de las personas, exacerbando aún más el problema del endeudamiento.
Entonces, ¿por qué tantas personas siguen eligiendo endeudarse para estudiar? Podría argumentarse que la educación superior ofrece un beneficio no monetario o que algunas personas tienen fuerte gusto por los cursos impartidos en esas carreras. Sin embargo, el punto de vista económico también nos invita a considerar que las personas pueden basar sus elecciones educacionales en creencias que están sistemáticamente sesgadas y desinformadas. De hecho, existe evidencia empírica que sugiere que las personas sobreestiman los resultados de ingresos esperados para las carreras que eligen.
La desinformación puede ser uno de los factores que incide en la deserción estudiantil entre las personas endeudadas con el CAE, quienes una vez matriculadas comienzan a percibir las implicancias de la decisión tomada. Esto podría explicar en parte que el 23% de las personas en etapa de pago no terminaron la carrera por la cual están endeudados.
En este sentido, resulta imperativo mejorar el acceso a la información relevante para la elección de una carrera universitaria y las herramientas para evaluar dicha información. Es por lo demás llamativo que exista una política pública para otorgar créditos a estudiantes sin previamente darles los instrumentos necesarios para que tomen una decisión informada al respecto.
Lo anterior se puede abordar desde la estructura sistémica bajo la cual fue concebido el CAE. Desde una perspectiva de mercado, es fundamental para el correcto funcionamiento de este que las personas que tomen su decisión de estudio con pleno entendimiento. Por definición, un mercado es eficiente cuando sus precios reflejan la totalidad de la información disponible. Al reducir la asimetría de información, se mejora la eficiencia del mercado.
Así, el acceso equitativo a información de calidad es tanto una cuestión de justicia social como un mecanismo clave para el correcto funcionamiento de un mercado educativo eficiente y dinámico. Sin embargo, no sólo importa la información, sino también la capacidad de las personas de abordarla: Investigaciones recientes sugieren que las habilidades cognitivas, entendidas como herramientas para encontrar y procesar información disponible para tomar decisiones, son cruciales para garantizar mercados eficientes.
En resumen, la magnitud de la morosidad del CAE se entrama en un desafío multidimensional: Desde la preocupante escalada de la carga fiscal hasta las repercusiones en la salud mental y la disparidad de género en ingresos. Más allá de señalar culpables o del supuesto oportunismo de la condonación, es necesario repensar este sistema de financiamiento, alineando los incentivos con el bienestar tanto de estudiantes como del país. En ese proceso, mejorar el acceso (en su sentido más amplio) a información transparente se convierte en una pieza clave. Lo anterior es evidente desde un punto de vista de eficiencia de mercado, bajo el cual se diseñó esta política pública, lo que subraya la importancia de abordar este problema desde su raíz estructural.
