*Por Mariana Larraín Stieb, Socia en Talents Consulting.
El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) se crea el año 2003, tras un acuerdo entre gobierno y oposición con el objetivo de aportar a la modernización y transparencia de la gestión pública. De acuerdo a la descripción de la página web de la Dirección Nacional del Servicio Civil, el sistema tiene como objetivo dotar a las instituciones públicas –a través de concursos abiertos y transparentes- de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad. De los 680 cargos incluidos el 2004, actualmente son más de 5.000 posiciones que se eligen bajo este mecanismo, constituyéndose en la regla general de entrada a los cargos directivos del Estado.
Durante 20 años, este mecanismo ha contribuido a disminuir los nombramientos por favores políticos, nepotismo y otras malas prácticas que nos hemos acostumbramos a ver en la administración pública y así ha permitido profesionalizar y modernizar la labor estatal. Para el país el contar con un sistema de selección por mérito ha tenido un alto costo monetario. De acuerdo al Informe Anual del Funcionamiento del SADP publicado por el Consejo de Alta Dirección Pública en mayo de este año, en 2023 los costos asociados a procesos de selección y actividades de acompañamiento y desarrollo directivo ascendieron a $5.105 millones. El costo promedio de los concursos durante 2023 fue de $8,6 millones.
En agosto, por un concurso de la ADP, Isabel Amor fue nombrada como Directora Regional del Sernameg para la Región de Los Ríos y removida del cargo a menos de 48 horas de asumir. En cuanto a mérito, experiencia y trayectoria es fácil ver que era una persona idónea, en cuanto a liderazgo y otras competencias, fue evaluada por expertos en selección que la consideraron una candidata apta para la posición. ¿Por qué entonces es desvinculada de esa forma? En un intento por explicar lo inexplicable, la Ministra Orellana ha señalado motivos de pérdida de confianza y otras inconsistencias que no tienen asidero a 48 horas de su nombramiento.
¿Por qué es esto tan grave? En primer lugar, porque Isabel Amor fue elegida por su mérito y luego de un proceso exhaustivo y profesional. En un acto antojadizo y con una cuota de soberbia, la Ministra Orellana decide que eso no es suficiente y de esa manera daña gravemente la credibilidad de un sistema que -si bien no es perfecto- ha contribuido durante estos últimos 20 años a construir un estado más transparente y moderno.
Por otra parte, tal como muestran las cifras de gasto público en este ítem, el costo de un proceso de selección de ese tipo es más que considerable y cuesta entender que se haga uso de un servicio especializado y luego literalmente se tire el resultado a la basura. Una vez más, vemos cómo el estado no es eficiente en el uso de los recursos y que con plata de todos es fácil malgastar.
Finalmente, aunque no menos importante, resulta por lo menos paradójico que el propio organismo que vela por resguardar los derechos de las mujeres, deje a una mujer y su familia en situación de completa vulnerabilidad tras haber renunciado a su trabajo, cambiado de región y confiado en un proceso serio y transparente. Paradójico sería también, que a pocos días de que se haya promulgado la Ley Karin, ésta cayera con todo el rigor de la ley dentro del Sernameg.
