Por: María José Abud
La informalidad laboral en Chile es un desafío estructural que lamentablemente no trae buenas noticias en el último tiempo. De acuerdo con los últimos datos del INE, la tasa de ocupación informal aumentó a un 28,2%, su mayor nivel desde 2019, lo que equivale a 2,63 millones de personas que trabajan sin contrato, o no cotizan en seguridad social o su empleador no ha iniciado actividad en el SII. El aumento de la informalidad laboral no ha sido igual para todos, acrecentando la ya existente brecha de género, alcanzando las mujeres una tasa de un 30% de informalidad versus un 26,9% de los hombres.
Uno de los factores que explica el aumento de la informalidad es la menor creación de puestos de trabajo formales con respecto al crecimiento de la fuerza laboral, siendo el 51% de los empleos creados en los últimos 12 meses informales. A esto se le suma que aún no recuperamos el empleo perdido de la pandemia, quedando todavía pendiente el restablecimiento de 145 mil puestos de trabajo.
También, hay razones estructurales que explicarían la informalidad. A pesar de que este grupo presenta una menor capacidad de teletrabajar, estos tienen una mayor capacidad de compatibilizar su tiempo dedicado al trabajo y a la vida personal, una mayor flexibilidad horaria y mayor capacidad para ausentarse de su jornada laboral cuando lo necesitan (Abud y Ugarte 2022). Atributos que son altamente valorados especialmente por las mujeres, para las cuáles, debido a la carga de trabajo no remunerado, muchas veces la informalidad no es una alternativa sino más bien la única opción para generar ingresos.
También, los costos y beneficios asociados al empleo formal juegan un rol crucial. Formalizarse implica recibir un menor salario, debido a impuestos y cotizaciones, a expensas de acceso a seguridad social. Por tanto, la valoración de los sistemas de salud y pensiones, o del seguro de desempleo, pueden ser determinantes esta decisión. Especialmente para las pequeñas y medianas empresas, los costos tanto económicos como burocráticos de la formalización juegan un rol crucial, tales como la carga impositiva asociada y el marco regulatorio existente (Contreras et al. 2008).
Para revertir este escenario se requiere de políticas públicas en distintos frentes. Entre ellas, es fundamental modernizar nuestro Código Laboral, para bajar barreras y costos al empleo formal, a través de mayor adaptabilidad laboral, jornadas menos rígidas, incentivos a la contratación a tiempo parcial y revisión del sistema de indemnización por años de servicio. Urge rediseñar subsidios laborales existentes tales como el Bono al Trabajo a la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven para que efectivamente sean un fomento a la formalización. Para bajar los costos a la contratación formal femenina y resolver el desafío de cuidados, es fundamental avanzar en la postergada Sala Cuna Universal. Finalmente, son necesarias mejoras al rol de la política social, por ejemplo, a través de mayor gradualidad en los requisitos de beneficios sociales, para evitar en el diseño cortes abruptos y así prevenir desincentivos a formalizarse por temor a perder beneficios estatales. En la medida que no nos hagamos cargo de estos desafíos no nos debiera sorprender que la informalidad siga ganando terreno.
Bibliografía
Abud, M. y Ugarte G. 2022. Trabajadores informales: ¿Que sabemos de su bienestar social? Centro de Estudios Públicos, Puntos de Referencia N° 624, octubre 2022.
Contreras, D., Mello, L. y Puentes, E. 2008. Tackling Business and Labour Informality in Chile. OECD Economics Department Working Papers No. 607.
