Por Soledad Hormazábal. Centro de Estudios Horizontal
El año pasado se gastaron 3.575 millones de dólares, equivalentes a 1,2% del PIB, en el pago de licencias médicas. Esto significa que se utilizó para dicho fin el 59% de la cotización obligatoria de salud, es decir 4,1 puntos de los 7 puntos del sueldo que destinamos a salud. Uno podría pensar que esta abultada cifra se explica por la pandemia, sin embargo, si descontamos las licencias por COVID la cifra baja a 3.312 millones de dólares equivalentes a 1,1% del PIB y 54% de la cotización obligatoria. Es decir, sin considerar la pandemia, el gasto destinado al pago de licencias médicas sigue siendo alto.
En 2014, el gasto en licencias médicas era 0,6% del PIB y se destinaban 2 puntos de los 7 obligatorios para salud. Es decir, en menos de una década el monto de los recursos involucrados en el pago de licencias médicas se duplicó. El problema con este abultado gasto es que quedan menos recursos para cubrir las prestaciones de salud, por lo que los cotizantes de Isapre deben elevar el monto que destinan a sus seguros y el Estado aumentar sus aportes a Fonasa. Es, en definitiva, un gasto que pagamos todos de una u otra manera.
Recientemente el Gobierno informó que este año las licencias médicas emitidas se han reducido 17,5% respecto a 2022, es una buena noticia que se haya cortado la tendencia alcista que veníamos observando desde 2013. Sin embargo, con la reducción observada, la emisión de licencias médicas volvería a niveles de 2021, año en el que aún estábamos en medio de la pandemia, cuando se gastaron 1,1% del PIB y 3,9 puntos de los 7 puntos que se destinan a salud. En otras palabras, si bien se celebra el cambio de tendencia y la reducción en las cifras, aún el gasto en este ítem es significativo.
El Gobierno ha hecho un esfuerzo por elevar la fiscalización y, de acuerdo a lo que indican las cifras, estaría dando resultados. La Subsecretaría de Salud Pública, la SUSESO y la COMPIN han estimado que existen cerca de 450 médicos grandes emisores de licencias médicas e iniciaron a comienzos de año un programa de fiscalización por posibles fraudes. A julio de este año se informó que el 35% de los médicos investigados fueron sancionados, la gran mayoría recibió sólo una multa y algunos además recibieron un período de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas.
Está en discusión en el Senado un proyecto de ley presentado por esta administración que avanza correctamente en mayor fiscalización, elevando considerablemente las multas y el tiempo de suspensión de los profesionales que cometen el delito de emitir licencias falsas. Además, abre la posibilidad de aplicar algún castigo a los trabajadores que mal usan este instrumento, lo cual es también muy importante. Observando las cifras de gasto y el efecto que parece haber tenido el endurecimiento de la fiscalización sobre la emisión de licencias médicas, resulta fundamental que este proyecto de ley se apruebe y así se entreguen más herramientas para combatir este delito. De acuerdo a Villalobos et al 2022, existe un grupo relativamente pequeño de cotizantes y de emisores que explican una parte significativa del gasto en licencias médicas: 5,5% de los trabajadores y 4,5% de los profesionales emisores explican el 28% y el 39% del gasto respectivamente.
Si bien el avance en fiscalización es muy importante, no es suficiente. Existen problemas estructurales del diseño del subsidio de incapacidad laboral que explican parte de los problemas. Detallo uno de los puntos más significativos: el subsidio cubre el 100% del sueldo imponible y, en la práctica, no tiene límite de tiempo. Lo anterior, en contraste con otros beneficios de seguridad social como el seguro de desempleo o el seguro de invalidez y sobrevivencia cuya tasa de reemplazo es de 70%. Así, el mayor pago de la licencia médica es un incentivo para optar por este beneficio aun cuando, por ejemplo, la situación de salud del trabajador no vaya a mejorar y corresponda solicitar la invalidez.
Respecto de lo anterior, es interesante constatar que al implementarse el postnatal de seis meses, el gasto en licencias por enfermedad grave del hijo menor de un año se redujo en más de 50% y, el promedio de días de este tipo de licencias también cayó fuertemente. Pareciera ser que muchas de estas licencias se emitían como una forma de ampliar el período de postnatal. En este sentido, esta experiencia sugiere que los vacíos o insuficiencias en el sistema de seguridad social se tienden a llenar utilizando otros beneficios en la medida que esto sea permitido. Por esto, no sería extraño que se esté utilizando las licencias médicas como una forma de mejorar los beneficios del seguro de desempleo o de la pensión de invalidez.
Una futura reforma a este subsidio, entre otras materias, debe abordar este punto y armonizar los beneficios con el resto del sistema de seguridad social, con una tasa de reemplazo que propenda al 70% del sueldo imponible.
La situación de nuestro sistema de salud es muy delicada. La crisis del sistema asegurador privado es alarmante y urgente, pero se suman otros elementos como el detallado en esta columna que también necesitan atención y revelan un sistema que falla por distintos lados. Se requiere una reforma integral, responsable y con altura de miras, que ponga en el centro a los pacientes y no deje de lado la sostenibilidad del sistema.
