Por Santiago Montiel Zecchetto, Investigador en Horizontal
Relanzar nuestra economía es una tarea primordial. Desde el retorno a la democracia hasta el año 2013, crecimos a altas tasas y logramos cierto grado de convergencia a las economías desarrolladas. Nuestro PIBpc pasó de ser el 33% de la media OCDE al 62% en 24 años. Así, hace poco más de una década atrás, nuestro crecimiento se mermó y, en consecuencia, hemos divergido de la media OCDE. Hoy, nuestro PIBpc representa un 56%. Estas no son cifras vacías: se estima que un 92% de la disminución de la pobreza entre 1990 y 2017 se debe al crecimiento económico (MDSF, 2017). Volver a crecer no es un lujo ni un gusto, es una necesidad que apremia.
Además, Chile enfrenta una ventana de oportunidad inmejorable para ser un actor central en la lucha contra el cambio climático. Por de pronto, tenemos la mayor reserva de litio del mundo y se prevé que su demanda para energías limpias se multiplique por 42 al 2040. Lo mismo con la generación de energía con fuentes renovables, Chile tiene el potencial de instalar el doble que la capacidad ¡actual! de EE.UU., aun cuando su territorio es 13mil veces el nuestro.
Uno de los principales factores que está impidiendo el desarrollo de proyectos es lo complejo e incierto que se ha tornado la obtención de permisos para invertir. La llamada “permisología”. Tanto así, que Chile tiene el tercer sistema regulatorio más complejo de la OCDE (Horizontal, 2025) y, en algunos rubros productivos, más de la mitad de las empresas indican que las regulaciones son una restricción muy importante en su desarrollo (CEP, 2025). Con el firme propósito de que el cuidado ambiental y el desarrollo económico no sólo son compatibles, sino complementarios, desde el centro de estudios Horizontal convocamos a un grupo de 14 expertos en tramitación de proyectos para diseñar propuestas de reforma al sistema.
Y si bien este es un problema sistémico, cuyas causas se entremezclan, fue posible identificar algunos nudos críticos y propuestas de reforma al sistema. Uno de los principales problemas es que las distintas instituciones encargadas de tramitar permisos actúan de manera descoordinada entre sí, con objetivos no necesariamente coincidentes, e incluso contradictorios. Por ejemplo, la evaluación ambiental y patrimonial se realiza de manera aislada a los beneficios económicos y sociales de los proyectos.
El resultado de esto son décadas de normativa superpuesta entre sí, que se aplica sin tener en consideración otros objetivos. Un ejemplo evidente (y absurdo) son los años que se paralizan obras con un impacto social evidente –como el Metro de Santiago– por algunos hallazgos arqueológicos. O la paralización de una línea de transmisión energética por los –ahora infames– naranjillos.
Hay algunos ajustes menores que podrían tener un impacto significativo en el sistema. Una institución con una mirada global a los permisos, encargada de realizar una revisión regulatoria periódica, puede evitar la acumulación de normativa sin objetivo claro. Algo como esto contempla la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), aprobada recientemente. Otro avance significativo que considera es la tramitación simultánea de permisos, parece kafkiano que eso no haya sido posible hasta ahora.
Una reforma más profunda requiere internalizar en un mismo análisis los costos y beneficios ambientales, económicos y sociales de los proyectos. Desafío mayor, pues requiere ponernos de acuerdo (y ponerle precio) a algunos impactos ambientales.
Los permisos son necesarios para proteger ciertos bienes o para restringir actividades económicas en algunas zonas protegidas. Es tiempo de movernos de un equilibrio donde en la práctica se está minimizando la inversión, a uno en el que se maximice la cantidad de proyectos a ejecutar, sujeto a cumplimiento de los más altos estándares regulatorios. Esto tiene poco de desregulación y harto de buenas prácticas. La LMAS es síntoma de que existe un consenso en avanzar hacia una regulación económica como política de Estado, es tiempo de ocuparse.
