Autor: Felipe Sepúlveda, economista FK Economics.
La credibilidad del sistema de votación es algo fundamental para cualquier nación que busca erigir instituciones democráticas y lograr un clima de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Si bien muchos países han logrado conformar sistemas robustos, existen otros (en general en vías de desarrollo) donde existe una constante duda respecto de la veracidad de los resultados de las votaciones, o en los que constantemente se registran conductas corruptas, en orden de favorecer un determinado resultado.
En particular, en países como México (2006), Afganistán (2009), Venezuela (2018)[1], Bolivia (2019)[2], Tailandia (2019)[3], Bielorrusia (2020)[4], entre otros, se ha acusado fraude electoral en elecciones presidenciales recientes. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2019, los resultados fueron puestos en duda por diversos actores debido a diferentes irregularidades en el escrutinio. Por otro lado, en Bielorrusia el 9 de agosto de 2020 se organizaron múltiples protestas contra el presidente Alexandre Lukashenko, luego de salir electo con cerca de un 80% de los votos, lo que fue reconocido por muchos como un resultado “absurdo”.
Cuando la democracia se ve debilitada o se pierde la confianza en el sistema, surgen numerosos problemas. De hecho, algunas investigaciones recientes han documentado una relación estrecha entre democracia y variables de desarrollo, tales como crecimiento económico, distribución de ingresos y beneficios sociales, entre otros[5].
Por esta razón es importante que los países que presentan estas debilidades, impulsen medidas en la dirección de reducir la probabilidad de que se generen fraudes electorales. Cabe preguntarse entonces, qué puede hacer un país para reducir la corrupción electoral.
En una investigación recientemente publicada en la prestigiosa revista American Economic Journal: Applied Economics, Robert Gonzalez (profesor de economía de la Universidad de South Carolina) estudia el efecto que habría tenido el acceso a teléfonos celulares sobre el fraude eleccionario, utilizando como experimento la elección presidencial de Afganistán del año 2009. El argumento del autor es que los teléfonos celulares permitirían a la ciudadanía una mayor capacidad de monitoreo de lo que sucede en las mesas de votación, lo que reduciría la probabilidad de que se generen conductas corruptas.
Para estimar lo anterior, el autor aprovecha dos elementos de Afganistán en esa época. En primer lugar, utiliza una auditoría realizada a la votación en 2009 (como respuesta a los alegatos de corrupción) que permitió calcular el número de votos corruptos según mesa de votación y las mesas que habrían estado expuestas a fraude. En segundo lugar, el autor aprovecha los cambios discretos existentes en la cobertura telefónica a nivel geográfico. De esta manera, pudo comparar el nivel de corrupción generado en zonas vecinas que prácticamente no tenían ninguna otra diferencia observable más que la cobertura del teléfono celular.
El resultado de la investigación sugiere que la cobertura efectivamente reduce el fraude electoral. En particular, para una vecindad de 6-7 kilómetros del límite de la cobertura se muestra que las mesas que se encontraban dentro de la cobertura de celular tuvieron un 4% menos de votos fraudulentos, mientras que la expectativa de que la mesa fuese corrupta se redujo en un 8%. Los resultados son robustos a distintos límites perimetrales de cobertura y a diversos ejercicios empíricos.
Los mecanismos por lo que el fraude electoral podría haber caído son múltiples: violencia política, participación ciudadana y monitoreo, o la afinidad étnica que posee un candidato, entre otras. No obstante, el autor encuentra que la única variable que habría cambiado significativamente es la relacionada con la participación de la ciudadanía y su monitoreo. En particular, las mesas de votación en áreas de cobertura mostraron un incremento en el número de reclamos de parte de individuos no ligados al gobierno. Asimismo, se evidencia un incremento en los reclamos realizados por mujeres, sugiriendo que la cobertura de la telefonía habría tenido un efecto positivo sobre la emancipación de la ciudadanía.
En definitiva, la investigación destaca el rol que puede tener la tecnología como herramienta para enfrentar la corrupción y con ello fortalecer la democracia, en especial en las naciones en vías de desarrollo. En esa línea, considerando que nos encontramos en un contexto de amplia expansión del uso de redes sociales (e.g. Twitter) y de menores costos de incorporación de nuevas tecnologías, ¿se reducirán los casos de fraude electoral y corrupción política?
[1] DW, “Maduro gana elecciones entre acusaciones de fraude”. Visto en https://www.dw.com/es/maduro-gana-elecciones-entre-acusaciones-de-fraude/a-43865266
[2] DEMO AMLAT, “Detalles del fraude electoral en las elecciones de Bolivia”. Visto en https://www.demoamlat.com/detalles-del-fraude-electoral-en-las-elecciones-de-bolivia/.
[3] ADN Radio, “Miles de personas protestaron en Tailandia exigiendo mayor democracia y una reforma en la monarquía”. Visto en https://www.adnradio.cl/internacional/2020/09/25/miles-de-personas-protestaron-en-tailandia-exigiendo-mayor-democracia-y-una-reforma-en-la-monarquia.html
[4] La Izquierda Diario, “Nueva protesta en Bielorrusia contra el fraude electoral”. Visto en https://www.laizquierdadiario.cl/Nueva-protesta-en-Bielorrusia-contra-el-fraude-electoral
[5] Sirowy, L., & Inkeles, A. (1990). The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality: A review. Studies In Comparative International Development, 25(1), 126–157. doi:10.1007/bf02716908
