Imaginemos a una persona haciendo las compras del mes con SNAP, el programa de cupones de alimentación de Estados Unidos, y que al llegar a la caja le informan que esa bebida azucarada ya no puede pagarla con ese beneficio. Desde comienzos de 2026, esa escena se volvió real para millones de hogares: como parte de la agenda “Make America Healthy Again”, 23 estados habían obtenido, a julio de 2026, autorización federal para excluir las bebidas azucaradas de lo que se puede comprar con SNAP. Pero en junio, una jueza federal bloqueó la aplicación de esa restricción en cinco de esos estados (Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental), al considerar que la agencia de Agricultura de Estados Unidos no tenía autoridad para redefinir por la vía administrativa qué cuenta como “alimento” bajo la ley.
Ese pleito legal es sobre quién tiene la potestad de cambiar la regla. Pero hay una pregunta distinta, y más empírica, que casi nadie había podido responder con datos reales hasta ahora: ¿la restricción efectivamente cambia lo que la gente compra y toma, o simplemente termina esquivándose pagando la bebida con dinero propio?
Los economistas Allcott, Finkelstein, Grummon y Notowidigdo aprovecharon que diez estados ya habían implementado la restricción durante el primer semestre de 2026 para medirlo directamente. Usando datos de un panel de compras de supermercado a nivel nacional, aplicaron lo que se conoce como un diseño de diferencias en diferencias: en vez de solo mirar si las compras bajaron en los estados que impusieron la restricción, compararon cómo cambiaron esas compras en esos estados frente a cómo cambiaron, en el mismo período, en estados que todavía no la habían implementado. Esa comparación permite descontar cualquier tendencia nacional (por ejemplo, una moda saludable general) y quedarse solo con el efecto atribuible a la política misma.
El resultado: los hogares con SNAP en los estados con restricción redujeron sus compras de bebidas excluidas en 12,4%. Es un efecto real, pero está lejos de ser total, como era esperable, dado que cualquier hogar puede seguir comprando esa misma bebida con dinero que no venga de SNAP. El diseño de la política también importa: en los estados que excluyeron solo algunas categorías de bebidas azucaradas y no todas, los hogares desviaron hasta un 39% de la reducción calórica lograda hacia otras bebidas azucaradas o jugos que sí seguían siendo elegibles, amortiguando buena parte del efecto buscado.
Con esa reducción de consumo como insumo, los autores construyeron un modelo de bienestar que pondera dos cosas al mismo tiempo: el costo de salud pública que evita un menor consumo de azúcar (una externalidad fiscal, porque ese costo lo termina pagando el sistema de salud, no solo la persona) y el beneficio de que la gente tome decisiones de compra más alineadas con sus propias preferencias de largo plazo. Su estimación es que excluir todas las bebidas azucaradas de SNAP a nivel nacional generaría beneficios por unos 1.100 millones de dólares al año, de los cuales cerca del 70% provendría de menor gasto en salud pública y el 30% restante de la propia ganancia de bienestar del consumidor.
Pero el estudio no se queda solo con el lado favorable. A través de encuestas aplicadas antes y después de la implementación, los mismos autores encuentran que la restricción aumentó de forma estadísticamente significativa la sensación de estigma de quienes reciben SNAP: más personas declararon sentirse juzgadas al pagar con estos beneficios y percibir la política como irrespetuosa o restrictiva de su libertad personal. Es un costo real, aunque no monetario, que no aparece en la cifra de 1.100 millones y que cualquier evaluación completa de la política debería considerar junto a los beneficios de salud.
El litigio en curso decidirá si una agencia puede imponer este tipo de restricción sin pasar por el Congreso. Este estudio no responde esa pregunta legal, pero sí entrega, por primera vez con datos reales en vez de proyecciones, una imagen bastante más matizada que “funciona” o “no funciona”: la política reduce el consumo, pero de forma parcial y sensible al diseño, genera un ahorro fiscal medible.
Fuente:
Allcott, H., Finkelstein, A., Grummon, A., & Notowidigdo, M. «The Effects of SNAP Sugary Drink Restrictions on Consumption and Welfare», National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper No. 35659).
