En marzo de 2020, miles de empresas chilenas vieron cómo sus ventas se desplomaban de un día para otro. Restaurantes, hoteles y comercios cerraban sus puertas, pero los sueldos, arriendos y cuotas de créditos seguían llegando. En crisis anteriores, como la asiática de 1998 o la financiera de 2009, el crédito a empresas en Chile se había contraído justo cuando más se necesitaba. Esta vez el Estado respondió con dos herramientas: préstamos con garantía estatal, el Fogape Covid, y la Ley de Protección del Empleo, que permitía suspender contratos y pagar a los trabajadores con cargo al seguro de cesantía.
Repartir ayuda rápido y a muchas empresas tiene un riesgo evidente: que el dinero termine en manos de empresas que no lo necesitan o difícilmente podrán devolverlo. Eso es lo que estudian Federico Huneeus (Duke University y Banco Central de Chile), Joseph Kaboski (Universidad de Notre Dame), Mauricio Larraín (Universidad de los Andes), Sergio Schmukler (Banco Mundial) y Mario Vera (CMF) en Crisis Credit, Employment Protection, Indebtedness, and Risk, aceptado para su publicación en American Economic Journal: Macroeconomics.
Los autores reunieron información muy poco común. Tienen todos los créditos bancarios a empresas, incluidas cada solicitud al Fogape Covid y la respuesta del banco, si la aprobó o la rechazó. Esos datos se cruzaron con los registros tributarios de todas las empresas formales y con la lista de empresas que usaron la protección del empleo. Así pueden ver qué empresas pidieron ayuda, a cuáles se la dieron y qué pasó con su deuda.
Las condiciones del Fogape Covid eran muy atractivas. Las empresas podían pedir hasta el equivalente a tres meses de ventas, con seis meses de gracia y entre 24 y 48 meses para pagar. La tasa máxima era 3,5% anual, frente al 9% de los créditos sin garantía en el mismo período, lo que, descontada la inflación, equivalía a pedir prestado casi gratis. Solo podían postular empresas que estuvieran al día en sus pagos. El Estado cubría entre 60% y 85% de la pérdida si la empresa no pagaba, según su tamaño, y el banco absorbía el resto, además de un primer tramo de pérdidas a su cargo. Así, el banco seguía teniendo razones para revisar a quién le prestaba.
La respuesta fue rápida y masiva. En los dos primeros meses los bancos entregaron más de US$8.000 millones y, a diciembre de 2020, US$11.500 millones, equivalentes al 4,6% del PIB de 2019. El programa de empleo, en cambio, costó cerca de 0,62% del PIB, unas siete veces menos. Aun así, ambos llegaron a un número parecido de empresas: el 24% de las que cumplían los requisitos obtuvo un crédito Fogape y el 15% de las empresas activas usó la protección del empleo.
El estudio muestra que cada programa atrajo a empresas distintas. Al crédito barato postularon con más frecuencia las empresas más riesgosas, es decir, las que antes de la pandemia tenían más probabilidad de dejar de pagar sus deudas. Los bancos aprobaron el 77% de las solicitudes, pero rechazaron con más frecuencia las de esas empresas, y fueron más estrictos con las grandes, cuyos créditos tenían una garantía estatal menor. Ese filtro no alcanzó a compensar el mayor interés: al final, las empresas más riesgosas terminaron usando más el programa. También recibieron crédito tanto empresas a las que les fue mal en la pandemia como empresas cuyas ventas subieron.
La protección del empleo funcionó de otra manera. Suspender contratos tiene un costo para la empresa, porque debe reducir su actividad y renunciar a lo que habría ganado con esos trabajadores. Por eso la usaron sobre todo las empresas cuyas ventas cayeron y las ubicadas en comunas que entraron en cuarentena, y no más las empresas riesgosas que las seguras. Las cuarentenas, en cambio, no cambiaron el uso del crédito.
¿Cuánto se endeudaron las empresas? Las que usaron el Fogape Covid aumentaron su deuda bancaria en 14,5 puntos porcentuales de sus ventas anuales si ya tenían créditos antes, y en 13 puntos si no los tenían. En términos simples, una empresa que vendía 100 millones al año y debía 29 millones, el promedio de ese grupo, pasó a deber unos 43,5. Las más riesgosas fueron las que más aumentaron su deuda. En cambio, las empresas que usaron ambos programas se endeudaron menos, porque el subsidio al empleo cubría parte de sus necesidades. Además, los bancos rechazaron más a menudo las solicitudes de empresas que habían suspendido trabajadores, al leerlo como una señal de dificultades.
Entonces, ¿se acumuló un riesgo peligroso? Aquí aparece el principal hallazgo. Aunque las empresas riesgosas eran más propensas a pedir crédito, la mayor parte del dinero fue a empresas de bajo riesgo, porque eran más grandes y el monto máximo dependía de las ventas. Las empresas de riesgo bajo y medio-bajo recibieron el 65% de los créditos a empresas formales; las de riesgo alto, solo el 7%.
Con esa distribución, los autores estiman que la pérdida esperada, lo que se podía anticipar perder por créditos que no se pagarían, era de 0,27% del PIB para los créditos a empresas formales y de 0,45% del PIB si se suman las personas que pidieron crédito como empresa. Los bancos asumirían cerca del 59% de la pérdida y el Estado el 41%. Para los bancos, el monto equivale a poco más del 1% de su capital. Con lo que efectivamente ocurrió después, la pérdida sube a 0,38% y 0,55% del PIB, respectivamente.
Las reglas del programa pesaron mucho en ese resultado. Los autores calculan qué habría pasado cambiando una regla a la vez. Si las empresas morosas hubieran podido postular, la pérdida esperada casi se habría triplicado. Sin el programa de empleo, habría sido alrededor de un tercio mayor, porque las empresas habrían necesitado más crédito y los bancos habrían tenido menos información para distinguirlas. Con un tope de un mes de ventas en vez de tres, el crédito y la pérdida habrían sido menores.
Los autores complementan estos cálculos con un modelo que permite que empresas y bancos reaccionen a las reglas. Las conclusiones son parecidas: el tope de tasa de 3,5% hacía poco atractivo prestar a empresas muy riesgosas y, sin él, el crédito y los impagos habrían sido bastante mayores. El modelo también muestra que, ante un golpe del tamaño de la crisis financiera de 2008 y 2009, las pérdidas esperadas serían más del doble.
El estudio tiene límites que los autores reconocen. Mide los riesgos y costos del programa, pero no sus beneficios, como las empresas y empleos que se salvaron, por lo que no permite concluir si el programa valió la pena. Además, el riesgo de cada empresa se calcula con datos de antes de la pandemia, sin incorporar la enorme incertidumbre de 2020, y los cálculos suponen que no se recupera nada de los créditos impagos. Por último, el análisis abarca solo a empresas formales.
Con todo, el trabajo deja lecciones para la próxima crisis, en Chile o en otro país. Prestar a muchas empresas en poco tiempo inevitablemente atrae a algunas más riesgosas. Pero reglas simples, como excluir a los morosos, poner un tope a la tasa y al monto, y hacer que los bancos asuman parte de las pérdidas, pueden mantener el riesgo total acotado. Y un segundo programa, distinto del crédito, puede ayudar a que ese crédito llegue mejor.
Fuente:
Huneeus, F., Kaboski, J., Larraín, M., Schmukler, S. y Vera, M. (2024) Crisis Credit, Employment Protection, Indebtedness, and Risk, aceptado para su publicación en American Economic Journal: Macroeconomics.
*Esta columna fue preparada con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisada por el equipo de Contrafactual. El contenido debe ser leído y utilizado considerando dichas circunstancias.
