Imaginemos dos mujeres idénticas en todo lo medible (misma edad, educación, empleo, pareja, historial de salud mental) con una sola diferencia: una sufrió una agresión sexual. Cinco años después, sus trayectorias económicas ya no se parecen en nada.
Esa es la pregunta que abordan Adams, Huttunen, Nix y Zhang en un estudio publicado en la revista American Economic Review, usando registros administrativos de toda la población de Finlandia (2006-2019). Consideran denuncias policiales, historiales hospitalarios, registros de empleo e ingresos, y el sistema nacional de recetas médicas.
Comparar directamente víctimas con no víctimas confundiría el efecto del ataque con diferencias previas de ambos grupos. Los autores resuelven esto construyendo, para cada víctima, una «gemela estadística»: una mujer con la misma edad, educación, situación laboral, convivencia y consumo de antidepresivos antes del ataque. La diferencia entre ambas trayectorias es la estimación del efecto causal.
Los resultados: en los cinco años posteriores, el empleo de las víctimas cae 6 puntos porcentuales y sus ingresos anuales se reducen en 1.500 euros, frente a sus gemelas estadísticas. Lejos de diluirse, el efecto persiste al menos una década: 15% menos empleo y 17% menos ingresos respecto de su propia línea base. Los autores comparan esta pérdida de ingresos con la «penalización por maternidad» documentada en Dinamarca, y con el efecto de pasar un año en prisión en Estados Unidos. El daño económico, además, es menor en los municipios donde la policía resuelve una mayor proporción de los casos.
El efecto se propaga más allá de la víctima: las madres aumentan su consumo de antidepresivos en 2,1 puntos porcentuales y los padres en 1,3 puntos. Entre compañeras de colegio, por cada cinco cursos con un caso, una alumna adicional no víctima comienza a tomar antidepresivos.
Parte de esa persistencia se explica por un canal puramente laboral: los propios autores muestran que las víctimas cambian de empleo con más frecuencia y permanecen menos tiempo en cada puesto que sus gemelas estadísticas. Es decir, no se trata de una licencia médica puntual que luego se revierte, sino de una cicatriz en la trayectoria laboral que se traduce en menos ingresos año tras año.
Medido así, el costo de la violencia sexual no es un evento acotado en el tiempo, sino una pérdida sostenida de ingresos y de participación laboral, comparable en magnitud a otros shocks que la economía sí mide sistemáticamente, como la penalización por maternidad, que hoy no figura en ningún indicador de costo social de la violencia sexual, habitualmente limitado al gasto judicial o de salud del momento del hecho. Es, sobre todo, un problema económico que se sostiene por al menos una década y que hoy nadie contabiliza del todo.
Fuente:
Adams, A., Huttunen, K., Nix, E., & Zhang, N. «The Economic Impacts of Rape» (título de working paper; publicado en American Economic Review).
Datos administrativos poblacionales de Finlandia, 2006-2019.
