Autor: Hermann González, Clapes UC.
Chile atraviesa por un período de grandes cambios, qué duda cabe. El país se encuentra inmerso en un proceso para cambiar la constitución que deberá entregar sus resultados en el transcurso de este año y donde se discuten aspectos estructurales como el régimen político, el rol del Estado, la autonomía del Banco Central y la garantía de derechos, entre muchos otros. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno que asume en marzo tiene como uno de sus principales objetivos, realizar una reforma tributaria que busca recaudar cinco puntos del PIB en cuatro años, pero ocho puntos del PIB en régimen (unos US$ 24 mil millones anuales de hoy).
El nutrido ambiente electoral y constitucional del año pasado generó un incremento sin precedentes en la incertidumbre y no es casualidad que, en este escenario, en que aspectos tan importantes del marco político y económico están todos al mismo tiempo en discusión, las empresas hayan decido poner en pausa sus inversiones. Una encuesta reciente el Banco Central mostró que el 70% de las empresas encuestadas no tienen planes de inversión para este año, debido a la incertidumbre política y económica que enfrentan. De hecho, el propio instituto emisor pronostica una caída de la inversión para este año y un magro desempeño el próximo. Escenarios peores no pueden descartarse.
Así como la incertidumbre, el aumento de los impuestos es un factor que puede llevar a las empresas a no realizar inversiones, lo cual es razonable y no se puede desconocer. En efecto, la decisión de invertir en un proyecto minero, energético o residencial involucra comprometer recursos significativos, en búsqueda de un retorno que en condiciones normales es incierto, pero cuyo valor esperado es positivo y mayor al costo de los recursos comprometidos. Si esto no es así, es decir, si el costo del capital es muy elevado o la rentabilidad esperada menor a la que ofrecen proyectos alternativos en Chile o en cualquier otro lugar, simplemente el proyecto no se hace y los recursos se desplazan a una mejor opción.
Existe abundante evidencia que muestra los efectos negativos que tienen ciertos impuestos sobre la inversión, el flujo de capitales y el desarrollo del mercado financiero. Para Chile se han documentado efectos negativos de aumentos en la tasa de impuesto corporativo sobre la inversión (Cerda y Llodrá 2017, Cordero y Vergara 2020) y, aunque en la reforma tributaria que se avecina no se toca el impuesto de primera categoría, otras iniciativas, como el royalty minero, los impuestos verdes, los impuestos a las utilidades retenidas o el impuesto al patrimonio, pueden constituir un impuesto corporativo encubierto o ser un aliciente para la salida de capitales.
Una nueva reforma tributaria puede ser necesaria para financiar de forma responsable una serie de compromisos fiscales que asumió el gobierno entrante, pero también se debe mirar como opción la eficiencia del gasto público y en ningún caso descuidar el crecimiento económico como fuente de ingresos. A su vez, si se valora la inversión por sus efectos en la creación de empleos formales, por su impacto en la productividad y por permitir una mayor capacidad de crecimiento de la economía, entonces se deben generar las condiciones necesarias de certeza jurídica y tributaria, pero además de competitividad internacional, para que Chile siga siendo un país atractivo para la inversión nacional y extranjera, para que los inversionistas sigan confiando en nuestro país y los capitales dejen de salir como lo han hecho intensamente durante los últimos meses.
