Autores: Nicolás Riquelme, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, y José Valenzuela, Doctor (c) en Economía de la Universidad de Chile.
Son muchas las necesidades presupuestarias que enfrentan los gobiernos para financiar programas de políticas públicas. El problema es aún más relevante en un contexto de pandemia, en donde una importante parte de la población pasa por apuros económicos.
Una fuente importante de los ingresos del estado debiera provenir del cobro por el uso -con fines lucrativos- de bienes públicos, como lo son el uso del espectro electromagnético, explotación de yacimientos mineros, de gas o petróleo, y explotación de recursos de pesca, entre otros. La literatura económica sugiere la superioridad de las licitaciones como método de asignación de estos derechos en comparación a otras formas comúnmente utilizadas por los gobiernos (Cramton, 2002; McMillan 1995; Schmidt and Schnitzer, 1997; Klemperer and Bulow, 1986; Milgrom 1989, 2000).
Una licitación permite una asignación eficiente junto con una significativa recaudación financiera para el Estado. En una licitación típica, los interesados en el bien ofrecen un valor a pagar por el derecho, quedando éste en manos del que ofertó el mayor monto. La transparencia en el método de elección del ganador, junto con los beneficios económicos que se obtienen producto de la competencia entre los ofertantes son características deseables en este tipo de transacciones y que las licitaciones permiten tener de una forma simple.
Las licitaciones son utilizadas en todo el mundo y han demostrado ser efectivas en la generación de recursos fiscales. Por ejemplo, las licitaciones por el uso de yacimientos petroleros y de gas en Estados Unidos entre 2005 y 2014 recaudaron 1.8 billones de dólares anuales. En el mismo país, en 2021, una licitación de una parte del espectro electromagnético recaudó 81 billones de dólares. En 2018, UK recaudó 1.4 billones de libras por el mismo concepto. Recientemente, Namibia licitó parte de sus recursos pesqueros con el objetivo de obtener recursos para la actual pandemia, recaudando 14 millones de dólares. Estas experiencias, en particular la última, conforman casos de éxito del mecanismo que son dignas de estudio para nuestro país.
Actualmente se discute en el congreso una ley corta sobre pesca, la cual aborda -entre otras cosas- cómo asignar los derechos sobre estos recursos. En momentos de desconfianza política como la actual, es esperable que las autoridades, en pos de la transparencia, se abran al uso de licitaciones que emparejen realmente la cancha para firmas incumbentes y entrantes, de forma que se favorezca la competencia en la etapa de ofertas y permita maximizar el monto obtenido para el fisco. Se debe enfatizar que las licitaciones no están exentas de vicios y fallas de diseño, las cuales conllevan a una manipulación exitosa del mecanismo por parte de uno o más participantes. Con esto en mente, un diseño óptimo debería también considerar particularidades de la industria y la geografía de nuestro país. En este sentido, son importantes la definición de la especie marina a comercializar, la zona otorgada para la actividad, y otras condiciones de explotación para tener una licitación exitosa.
Referencias:
Cramton, P. (2002). Spectrum auctions. Handbook of telecommunications economics, 1, 605-639.
McMillan, J. (1995). Why auction the spectrum?. Telecommunications policy, 19(3), 191-199.
Schmidt, K. M., & Schnitzer, M. (1997). Methods of privatization: Auctions, bargaining, and giveaways. In Privatization at the end of the century (pp. 97-133). Springer, Berlin, Heidelberg.
Klemperer, P., & Bulow, J. (1996). Auctions versus negotiations. The American Economic Review, 86(1), 180-94.
Milgrom, P. (1989). Auctions and bidding: A primer. Journal of economic perspectives, 3(3), 3-22.
Milgrom, P. (2000). Putting auction theory to work: The simultaneous ascending auction. Journal of political economy, 108(2), 245-272.
