La autonomía de nuestro Banco Central

Autor: Macarena García, LyD

 

El Banco Central de Chile fue creado el 22 de agosto de 1925, bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Sin embargo, la instauración de su autonomía tuvo recién su origen en la Ley Orgánica Constitucional del 10 de octubre de 1989, 64 años después.

Tuvo su origen en la necesidad de contar con un único banco emisor, debido a la inflación elevada generada, principalmente, por las malas prácticas fiscales. Sin embargo, y a pesar de las significativas diferencias de orientación política de los distintos gobiernos existentes en Chile desde la creación (1925) hasta su independencia (1989), el proceso inflacionario fue recurrente y con alto grado de volatilidad, en un contexto donde el accionar del Banco Central se vio fuertemente marcado por el ciclo político y la necesidad de financiar elevados y recurrentes déficits fiscales. Efectivamente, en este período se observó una inflación promedio anual de 45% y en 49 de los 64 años considerados la inflación alcanzó los dos dígitos. Tras algunos breves períodos de reducción de la inflación, esta resurgía nuevamente, incluso con más fuerza, reflejando la dificultad experimentada por todos los gobiernos de turno para conducir la inflación a niveles reducidos.

Luego de la declaración de la autonomía, momento en el cual la inflación rondaba el 20% anual, esta entró en una senda decreciente para llegar a ubicarse en torno a 3% anual hacia fines de la década de los noventa, para luego estabilizarse en torno a este guarismo. En esta convergencia fue determinante la separación de la administración de la política monetaria del proceso político.

Los beneficios de una inflación baja y estable se sustentan en los elevados costos reales que impone a la sociedad una inflación alta y volátil. Esta última distorsiona el sistema de precios de la economía y por ende, la información que estos entregan no permite a los productores, consumidores e inversionistas asignar eficientemente sus escasos recursos, reduciendo la capacidad productiva de la economía y, finalmente, el crecimiento. Así, en el largo plazo, una economía con inflación baja y estable crecerá más rápido, reduciendo el desempleo. En otro ámbito, cuando la inflación pasa a ser alta y persistente, las personas pierden poder adquisitivo, aun cuando la inflación sea esperada. Adicionalmente, la inflación elevada no esperada genera una redistribución significativa de la riqueza, al perjudicar a aquellos que tienen una mayor proporción de su riqueza en dinero y no en activos financieros, es decir, las personas de menores ingresos.

Así, se llega a octubre del 2019 en donde se celebran los 30 años de su autonomía, institucionalidad que, sin lugar a dudas, ha constituido uno de los pilares del desarrollo económico y social de nuestro país, junto a una política fiscal responsable, una economía abierta al comercio exterior y una sólida regulación del sistema financiero. Fallas en estos pilares, como por ejemplo una política fiscal sostenidamente deficitaria, como lo “exigen” diversos sectores en el contexto del conflicto social, dificultará enormemente el logro del objetivo del Banco Central. Así, también, hay señales provenientes de diversos sectores que generan inquietud.

En este largo y exitoso camino, el instituto emisor no ha estado exento de insistentes intentos de alterar directa o indirectamente su autonomía -elemento fundamental de su éxito- generando preocupación respecto de la independencia futura de la política monetaria del ciclo político, últimamente muy determinado por las “demandas sociales”.

La evidencia empírica muestra que la política monetaria no es capaz de generar directamente crecimiento o bienestar en el largo plazo, sino que indirectamente a través de la estabilidad de precios. Esto explica que la real autonomía se ha vuelto un elemento valorado e implementado en forma creciente en los bancos centrales más exigentes. Sin embargo, intentos recientes de la clase política chilena van en la dirección de alterar esta autonomía, los cuales, de lograrse aprobar pondrían en serios riesgos la mantención del control adecuado de la inflación. Para que un banco central cumpla adecuadamente con su objetivo, de estabilidad de precios, se requiere protegerlo de las presiones asociadas a los ciclos políticos.

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