Por Vicente San Martín
El contrabando de cigarrillos en Chile se ha convertido en un fenómeno normalizado. Hoy, casi uno de cada dos cigarrillos consumidos en el país es ilegal. Según un informe solicitado por el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio, durante el segundo semestre de 2025 el consumo de cigarrillos ilegales alcanzó un 49,9% del mercado (Kantar, 2025) [1]. La cifra evidencia que las organizaciones dedicadas a su comercialización concentran cerca de la mitad del mercado, generando cuantiosos ingresos operando fuera de la normativa: no pagan impuestos, no están sujetas a regulación sanitaria y acceden a elevadas ganancias.
Esta situación ha motivado a las autoridades actuales a proponer diversas medidas orientadas a combatir su comercialización. En particular, uno de los ejes del nuevo gobierno en materia de recaudación fiscal y seguridad apunta a endurecer las sanciones asociadas a la venta de cigarrillos ilícitos en función del cumplimiento de objetivos tributarios (Diario Financiero, 2026)[2].
En primera instancia, es importante reconocer que la persistencia de este mercado se explica por los incentivos económicos que lo sostienen. Existe una notable diferencia en el valor de venta entre los cigarrillos legales e ilegales. Según el estudio mencionado, el valor promedio de una caja de cigarrillos ilícitos ronda los $1.590, mientras que los legales superan los $4.400. Lo anterior motiva a los consumidores de estos productos a preferir la alternativa más barata, contribuyendo al financiamiento de las organizaciones criminales que están a cargo de su venta. De hecho, entre los encuestados, la razón principal para la adquisición de cigarrillos ilícitos se asocia a su precio.
Dado que existe un negocio rentable, las organizaciones criminales se ven atraídas a participar en esta actividad, elaborando complejas estructuras delictuales con el objetivo de mantenerse en el mercado. El documento de Carlos Gajardo (2022)[3] señala que el contrabando de estos productos es una señal de alerta sobre la sofisticación organizacional que adquieren estas bandas. Algunos de los puntos identificados son: (i) la generación de redes de contacto con mafias transnacionales para la coordinación de compra y traslado; (ii) la creación de estructuras delictivas para la protección física y financiera del producto; y (iii) las intenciones de dichas organizaciones en obtener la colaboración de funcionarios públicos a cargo de la fiscalización y persecución de sus delitos.
No obstante, la normativa vigente en Chile establece sanciones considerablemente menores para este tipo de ilícitos en comparación con otros mercados ilegales, como el de estupefacientes. Si bien estos últimos pueden ser más rentables, el mayor riesgo penal asociado a su comercialización genera incentivos para que las organizaciones criminales se concentren en bienes socialmente más aceptados y con menores sanciones, como los cigarrillos. En Chile, las sanciones asociadas al contrabando masivo de productos de tabaco oscilan entre 541 días y 3 años (Ley N° 21.336), cifras inferiores a las aplicables al tráfico de estupefacientes, donde las sanciones van entre 5 años y 15 años. Así, el costo esperado del contrabando de cigarrillos tanto en términos penales como económicos es considerablemente menor al tráfico de drogas.
En este contexto, y aun cuando la última propuesta del gobierno se relaciona exclusivamente al aumento de las sanciones, existen otras medidas que también contribuyen a elevar el costo esperado de esta actividad. En particular, el fortalecimiento del resguardo fronterizo, mediante la eliminación de pasos no habilitados y el refuerzo militar de la frontera, dificulta la operación del negocio y pretende encarecer su ejecución.
De esta forma, la propuesta del gobierno apunta en la dirección correcta. El endurecimiento de las sanciones no solo contribuye a desincentivar la participación de organizaciones criminales en la comercialización ilícita de estos productos, sino que también disminuye su financiamiento para actividades delictivas. Sin embargo, mientras persista una brecha de precios tan alta entre cigarrillos legales e ilegales, la demanda seguirá existiendo. Por ello, cualquier estrategia efectiva debe combinar mayor persecución con medidas que reduzcan los incentivos que hoy hacen del contrabando un negocio rentable.
[1] Disponible en https://cnc.cl/ocis/estudios/publicaciones/
[2] Disponible en https://www.df.cl/economia-y-politica/pais/kast-anuncia-plan-de-reconstruccion-y-medidas-economicas-tras-incendios-en
[3] Disponible en https://cnc.cl/ocis/estudios/informes-por-industria/#tabaco
