La pandemia que estamos viviendo ha hecho que las personas, tanto en Chile y el mundo, salgan en búsqueda de productos de higiene y prevención, como lo son las mascarillas y el alcohol gel. El shock de demanda ha traído escasez y en algunos casos alzas en los precios de estos productos, lo que se ha traducido en descontento por parte de los consumidores.
Ante esta situación, ha vuelto a aparecer en la discusión pública el control de precios como una posible política para enfrentar el problema.
Nuestros vecinos argentinos se nos adelantaron y ya establecieron un control de precios del alcohol gel, argumentando que “frente a la situación planteada y a los fines de asegurar la protección sanitaria y evitar situaciones de contagio, es menester asegurar el acceso del alcohol en gel (…) en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de la población”. Sin embargo, ¿Es el acceso al alcohol gel una buena política para la protección sanitaria y para evitar las situaciones de contagio? Y antes que esto, ¿Puede el control de precios asegurar el acceso razonable, justo y equitativo al alcohol gel?
La teoría económica postula que un precio máximo menor al precio de equilibrio provoca escasez, al ser la cantidad demandada a dicho valor mayor a la ofrecida. Ante la escasez, los vendedores deben desarrollar un mecanismo para racionar el bien; y estos mecanismos de racionamiento son raras veces deseables.
Así, si efectivamente el control de precios del alcohol gel redujese la oferta de este producto -ya sea porque se genera un desincentivo a vender en el país o porque los vendedores prefieren guardar su stock para cuando termine el período de restricción-, ¿Quiénes podrían acceder a las reducidas unidades que quedarían a la venta? Probablemente serían las personas que puedan permanecer largas horas haciendo fila -con el riesgo sanitario que esto implica- y quienes tengan algún familiar o conocido que sea vendedor de alcohol gel; pero estos mecanismos de asignación estarían lejos de ser justos y equitativos. Efectivamente, algunas personas, que no son necesariamente los que más lo necesitan, se beneficiarían de la política y lograrían pagar un menor precio, pero muchos otros quedarían sin acceso al producto o sólo podrán acceder a éstos en el mercado negro y a un precio más alto.
La evidencia internacional sugiere que si bien existen casos donde la política de control de precios ha sido efectiva para remediar los efectos de las alzas de precio por un breve período[1], esta no soluciona el problema, al no enfrentar la causa real de éste[2][3]. El establecimiento de precios máximos genera distorsiones en la oferta y en la demanda, pudiendo exacerbar la escasez del bien que se estaba buscando hacer más accesible[4][5].
El sistema libre de precios proporciona información a los compradores y vendedores acerca de la escasez relativa de los productos y al mismo tiempo, alienta a reestablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. La manipulación de los precios impide que los agentes detecten las señales correctamente y la escasez puede terminar convirtiéndose en una situación habitual, al no haber incentivos que induzcan la expansión de la oferta. Lo anterior, puede llevar al surgimiento de mercados negros[6][7] que busquen satisfacer las demandas insatisfechas de los consumidores; a que empresas que estaban veniendo en el país, prefieran trasladarse a otros -especialmente en una situación como la actual, donde está literalmente todo el mundo demandando estos bienes-; y a que empresas que habrían entrado al mercado ahora carezcan de incentivos para hacerlo.
Es cierto que existen casos en los que es conveniente algún tipo de control de precios -como se hace actualmente ante monopolios naturales-, y es cierto también que urge que las autoridades tomen medidas para enfrentar la situación de emergencia que estamos viviendo. Sin embargo, es necesario preguntarnos si es el control de precios la forma más efectiva de hacerlo.
Las políticas públicas, aún en un estado de emergencia, deben ser analizadas de cara a los objetivos buscados, ponderando costos y beneficios, y no por la popularidad momentánea que puedan generar. No vaya a ser que el establecimiento de un precio máximo en algunos pocos bienes desvíe la discusión pública de lo importante y de lo urgente, brindando a las autoridades una excusa para la inacción.
[1] Miranda, M.J., Helmberger, P.G. (1988). “The effects of commodity Price stabilization programs”. The American Economic Review, Vol. 78, N 1, pages 46-58.
[2] Ceung S.N. (1974). “A theory of price control”. The Journal of Law and Economics, Vol 17, N 1, April 1974.
[3] Schuettinger, R., Butles, E.F. (1979). “4000 años de controles de precios y salarios. Cómo no combatir la inflación”.
[4] Sowell, T. (2009). “Applied Economics. Thinking beyond stage one”.
[5] Murphy, F., Pierru, A., Smeers, Y. (2019). “Measuring the effects of Price controls using mixed complementary models”. European Journal of Operational Research. Volume 275, Issue 2, 1 June 2019, pages 666-676.
[6] Sowell, T. (2009). “Applied Economics. Thinking beyond stage one”.
[7] Mankiw, N.G. “Principles of Economics”.
