Las últimas semanas se ha cuestionado por diferentes razones la capacidad del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) para seleccionar y contratar a aquellos individuos que sean los más idóneos para ocupar cargos públicos de alta responsabilidad, alejándose de aquellas designaciones que son consecuencia de favores políticos, pitutos o amplias redes de contacto.
El SADP fue creado el 2003 con el objetivo de aportar a la transparencia en la gestión pública, y acercarse así a un sistema basado en la meritocracia y transparencia. Ello no solo es más justo, sino que también permite que el Estado chileno cuente con directivos con “probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficientes las políticas públicas definidas por la autoridad”, como la misma página del Servicio Civil postula.
La idea es que por medio del Consejo de Alta Dirección Pública y el Comité de Selección se elija dentro de los candidatos que postularon en línea, y/o que son invitados por empresas head hunters o la autoridad, a aquellos que cumplan con los requisitos correspondientes del cargo para así generar una nómina de candidatos que es presentada a la autoridad, quien es la que finalmente selecciona a la persona que ocupará la vacante.
Sin perjuicio de ello, últimamente se ha cuestionado el sistema por el hecho de que en múltiples casos los elegidos son los mismos que la autoridad propuso en principio, lo que daría cuenta de que finalmente las autoridades sí pueden otorgar favores políticos por medio de designaciones en altos cargos públicos directivos y que, por lo tanto, el SADP no estaría funcionando de la manera para la que fue ideado. Lo anterior se fundamentaría principalmente por el hecho de que es la autoridad la que finalmente elige quién es la persona idónea para el cargo.
A modo de ejemplo, ha sido noticia recientemente que en agosto de 2018 se abrieron cinco concursos para altos cargos en la CORFO, de ellos, cuatro fueron ganados por personas que el vicepresidente ejecutivo había nombrado de manera interina y propuesto para el cargo[1].
Si bien lo anterior parecería ser razonable, existe una buena explicación al fenómeno recién descrito que sí avala un buen funcionamiento del SADP.
En efecto, las autoridades al momento de proponer gente para que ocupe un cargo específico tienen que tener en cuenta el hecho de que, en un paso posterior, los funcionarios del SADP filtrarán a aquellos postulantes que no cumplen con las condiciones mínimas para el cargo o no presentan las características deseadas para el mismo. Así, anticipándose a ello, proponen a personas que –siendo de su preferencia- sí deberían pasar los filtros del SADP, para que así sean presentados en la nómina final de candidatos.
Lo lógica anterior se conoce como “backward induction” (o “inducción hacia atrás” en español), que consiste en el proceso de razonar hacia atrás en el tiempo al momento de elegir cuál sería la secuencia de decisiones óptimas, partiendo desde la última decisión que se toma en orden cronológico hasta terminar en la primera.
Dicho razonamiento permite encontrar la estrategia óptima en problemas que tienen distintas etapas en el tiempo y fue utilizado por primera vez por Ernst Zermelo, lógico y matemático alemán, en 1913 para demostrar que en el ajedrez existirían estrategias óptimas. El concepto ha sido utilizado por distintas áreas del conocimiento como la Economía y la Ciencia Computacional.
Si bien es cierto que todo el sistema de elección de cargos de Alta Dirección Pública sí le otorga, en una etapa final, la facultad a la autoridad para elegir arbitrariamente a un postulante en desmedro de otro, esto es dentro de un conjunto de postulantes que sí cumplirían con los requisitos para el cargo según una institución distinta a la que la autoridad en cuestión preside. Lo que mitigaría considerablemente la posibilidad de otorgar favores políticos por medio de ofrecimiento de altos cargos administrativos.
Así, el SADP sí cumpliría su función al impedir que se designe fruto de pitutos o favores políticos a personas no aptas ni capaces de desempeñarse en cargos de alta responsabilidad de la manera que la ciudadanía exige. Prueba de ello es un reciente informe que el titular del Servicio Civil, Alejandro Weber, entregó a los ministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, en el que se muestra que el 60% de los directivos que llegaron al Estado por SADP el 2018 presentan estudios de postgrado, dando cuenta así de una fuerte profesionalización en el sistema público.
[1] “El Club de Sichel”. Periódico Digital interferencia. https://interferencia.cl/articulos/el-club-de-sichel .
