Autor: Jorge Alé Chilet, académico Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes.
La agenda política medioambiental ha estado en los titulares en las últimas semanas. Chile busca descarbonizar la matriz energética hacia 2030. Estados Unidos quiere reducir sus emisiones a la mitad para ese mismo año. Europa anunció el acuerdo del ambicioso “Pacto Verde”, que busca reducir emisiones y alcanzar la neutralidad de emisiones para el 2050.
El sector privado, si bien se suma a ciertas iniciativas en favor del medio ambiente, a veces deja mucho que desear. El año pasado y con ramificaciones que continúan, la Comisión Europea determinó que los fabricantes de automóviles alemanes BMW, Daimler y Volkswagen se habían coludido para limitar ilegalmente las tecnologías de reducción de emisiones de óxidos nitrosos (NOx) en sus vehículos. El NOx es un contaminante local que aumenta el asma y las enfermedades cardiovasculares en la población.
Acerca de la colusión de las automotoras, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager, declaró que «la competencia y la innovación en la gestión de la contaminación de los automóviles son esenciales para que Europa pueda cumplir nuestros ambiciosos objetivos del Pacto Verde. Y esta decisión demuestra que no dudaremos en tomar medidas contra toda forma de conducta de cártel que ponga en peligro este objetivo.» Esta cita motiva a explorar la relación entre libre competencia y la aplicación de normativas medioambientales.
El término colusión remite a empresas que se coordinan para subir sus precios o mantenerlos altos, obteniendo así beneficios a costa de los consumidores. Sin embargo, en el caso de colusión de las empresas alemanas, la Comisión Europea ha concluido por primera vez que la tecnología también puede ser un ámbito en el que puede darse colusión ilícita. En un reciente documento de trabajo, con los académicos Cuicui Chen, de SUNY Albany, Jing Li, del MIT Sloan, y Mathias Reynaert, de Toulouse TSE, estudiamos los incentivos económicos y las consecuencias de esta colusión en la decisión de instalar tecnologías menos efectivas en la reducción de emisiones medioambientales.
La tecnología de emisiones en cuestión es la Reducción Catalítica Selectiva (RCS) que disminuye las emisiones en los vehículos diésel. La RCS requiere una gran cantidad de líquido reductor de emisiones para cumplir con la normativa europea Euro 6, que entró en vigencia en 2014. Las empresas alemanas se coordinaron desde 2006 para instalar estanques de este líquido reductor más pequeños en los autos, lo que produjo eventualmente mayor contaminación por NOx. Estanques de líquido reductor más pequeños implican un mayor tamaño de maletas en los vehículos. Así, como las maletas grandes en autos son más valoradas, la colusión produjo mayores ventas. Según nuestras estimaciones, las automotoras alemanas obtuvieron entre 900 y 1.800 millones de euros en ganancias adicionales en Europa entre 2014-2018 como consecuencia de la colusión. Para poner en perspectiva estos montos, las ganancias operativas de las tres empresas fueron de 37.800 millones de euros en 2018.
La lucha contra el calentamiento global exige una normativa más estricta sobre las emisiones de carbono. Si queremos tener éxito en la transición energética, necesitaremos que las empresas adopten nuevas tecnologías para responder a las exigencias. No obstante, el caso de colusión de las automotoras muestra que debemos por comenzar aplicando las reglas existentes y pensar cómo incentivar de forma inteligente su cumplimiento por parte de las empresas.
