Autores: Javiera Gazmuri y Horacio San Martín.
El Estallido Social fue un hito sin precedentes en la historia de nuestro país que afectó en todos los ámbitos de la vida social. Mucho se ha hablado de su impacto en la economía y la política, pero poco de lo que ha sido en el ámbito educacional. No sólo vivimos la suspensión de clases y la baja asistencia a los establecimientos educacionales, sino que los alumnos que enfrentaron el proceso de ingreso a la educación superior debieron sufrir cambios en las fechas y disturbios en los lugares en los locales de rendición de la PSU. En un reciente estudio que realizamos en el Centro de Estudios Públicos (CEP) revisamos los costos de este estallido en las oportunidades de acceso a la educación superior para alumnos de cuarto medio.
A pesar de que la prueba de selección universitaria (PSU) fue retrasada y se otorgó la posibilidad de rendirla en diferentes ocasiones debido a las protestas realizadas en diversos establecimientos a lo largo del país, encontramos que el porcentaje de estudiantes que no rindió al menos una de las dos pruebas obligatorias (en adelante, “tasa de no rendición”) aumentó en 87% con respecto al proceso anterior. Esto significa que casi 42 mil estudiantes no pudieron postular a universidades que exigen la PSU, ni tampoco a beneficios estatales para financiar su educación superior. Al analizar esto, se encontró que un estudiante inscrito en el proceso de admisión 2020 (correspondiente al proceso de admisión post Estallido Social), tuvo una probabilidad mayor de no rendir la prueba (en torno a 9,5 puntos porcentuales en promedio) que un estudiante de características similares inscrito en un proceso anterior.
Además, encontramos que el efecto del Estallido Social fue transversal a lo largo de toda la población, afectando a estudiantes de todo nivel socioeconómico, desempeño académico y tipo de establecimiento al que asistía. A pesar de lo anterior, los estudiantes más afectados fueron los de bajos ingresos, de establecimientos municipales, de bajo rendimiento académico, de establecimientos técnico-profesionales y humanista-científico de jornada vespertina.
Si bien no podemos saber a ciencia cierta que estos resultados sean producto del Estallido Social, tomando en cuenta que la tasa de no rendición previo al proceso de admisión 2020 no presentó mayores variaciones y, dado que la fecha límite de inscripción fue el 6 de septiembre, permiten validar el argumento de que es probable que gran parte de los resultados que vemos sean producto del estallido. Por otro lado, debido a la falta de datos no podemos desagregar el efecto en los distintos componentes del Estallido Social mencionados en un comienzo. Sin embargo, es probable que, en parte, el aumento en la tasa de no rendición sea producto de los disturbios, sobre todo en las diferencias en la tasa de no rendición a nivel comunal, ya que encontramos correlaciones altas entre la tasa de no rendición por comuna y el porcentaje de estudiantes que rindió la prueba la segunda vez que se habilitó.
La baja en los alumnos que rindieron la prueba vino acompañada de un efecto en las matrículas de la educación superior, donde se observa una caída significativa de 8,3% en los alumnos matriculados de primer año. Esta caída afectó en mayor medida a las instituciones menos selectivas tales como los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y las universidades privadas que no son miembros del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCh). Si a esto sumamos el hecho de que la cifra de inscritos a la prueba de transición universitaria (PTU) para el proceso 2021 es la más baja en 13 años, podemos advertir que muchos de los estudiantes que no la rindieron pueden estar renunciando a acceder a la educación superior. Por lo tanto, los efectos de largo plazo que pudo haber tenido el estallido social en el nivel de educación y de ingresos de esta parte de la población se podrán dilucidar en varios años más.
