Por Mathieu Rojas Egoavil*
En 2024, México aprobó una de las reformas judiciales más radicales de la historia reciente: reemplazar a todos sus jueces de carrera por jueces elegidos por voto popular, algo que ningún otro país hace hoy. Sus defensores decían que la elección acercaría la justicia a la ciudadanía. Sus críticos advertían que degradaría la competencia técnica y politizaría un poder que, por diseño, debe mantenerse independiente.
Lo interesante es que la reforma judicial mexicana ofreció una manera inusualmente limpia de zanjar ese debate. En octubre de 2024, el Senado organizó una tómbola en vivo para determinar qué juzgados de distrito (más de 400 en total) enfrentarían elección inmediata en junio de 2025 y cuáles mantendrían a su juez de carrera hasta 2028. Ese sorteo funciona como un experimento natural: divide al azar a jueces similares en dos grupos, unos expuestos a la reforma y otros no, lo que permite aislar su efecto causal. Analizamos esto con registros de más de 440.000 casos de amparo indirecto, el proceso más común en estos juzgados, donde un ciudadano demanda una acción u omisión del Estado.
El argumento a favor de las elecciones judiciales suele ser que la presión electoral incentiva el esfuerzo. Encontramos justo lo contrario. Los jueces de carrera que supieron, por el sorteo, que enfrentarían una elección casi inmediata se volvieron más lentos, tardando en promedio casi 10 días adicionales en emitir sentencia final. Esto se debe a que en la mayoría de los casos, los jueces incumbentes decidieron no postular a la reelección, o sabían que difícilmente serían reelectos.
El efecto es aún mayor una vez que el reemplazo ya ocurrió: los jueces electos que asumieron el cargo en septiembre de 2025 tardan 33 días más en llegar a sentencia final que los jueces de carrera a los que reemplazaron, un aumento cercano al 50%. Esta brecha no es solo fricción de adaptación a un cargo nuevo: se mantiene casi intacta incluso al excluir los primeros dos meses de gestión. Tampoco importa si el juez electo fue nominado por un partido político o por el propio poder judicial, ambos grupos son igual de lentos, lo que contradice la idea de que un origen más técnico produciría jueces más eficientes.
Un segundo resultado tiene que ver con la dirección de los fallos, no solo con la velocidad. En promedio, los jueces electos no son ni más ni menos favorables a los demandantes que sus antecesores. Pero en los casos penales aparece un patrón distinto: son significativamente más propensos a desestimar casos antes de juicio y menos propensos a fallar a favor del demandante, algo consistente con lo que la literatura llama populismo penal, jueces que endurecen su postura donde el electorado es más sensible al tema de la criminalidad.
Los jueces electos apenas llevan unos meses en el cargo, así que esto es un primer corte, no una conclusión definitiva. Aun así, el patrón es claro: reemplazar de golpe a una judicatura de carrera por una elegida por voto tuvo, en esta etapa inicial, un costo medible en velocidad de la justicia y una señal de mayor severidad penal. La elección judicial de 2028 permitirá ver si estos efectos se sostienen o si los jueces electos convergen con el desempeño de quienes reemplazaron.
El estudio de Mathieu Rojas puede revisarse en: https://www.linkedin.com/posts/mathieu-rojas-egoavil-889a64293_justice-at-the-ballot-box-activity-7477805168319737856-M2pz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAC7Ajb8BungqS2H2aXF6rdAfmPE-vWnI4ck
